Al comparecer ante los jueces, el ex general y los otros acusados ocuparon un sector protegido por vidrios blindados mientras que una manifestación de los organismos humanitarios obligó a cortar el tránsito en los alrededores de los tribunales de Córdoba, capital de la provincia homónima, en el centro de Argentina.
El ex general argentino Luciano Menéndez respondió este martes por crímenes de lesa humanidad, que constituyen un emblema oscuro de la represión desatada por la dictadura (1976-1983), en el comienzo del juicio oral en su contra, que se lleva a cabo en la ciudad de Córdoba.
Menéndez y otros siete represores responden ante un tribunal por secuestro, torturas y desaparición de cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, delitos cometidos hace casi 31 años.
Al cabo de un mes de cautiverio y tormentos, Hilda Palacios, su pareja, Humberto Brandalisis, Carlos Lajas y Raúl Cardozo fueron ejecutados por militares en un simulacro de enfrentamiento en pleno centro de la ciudad en diciembre de 1977, según el proceso en manos del Tribunal Federal Oral 1 de Córdoba (a unos 700 kilómetros de Buenos Aires).
Los cuatro militantes de izquierdas estuvieron en el centro ilegal de detención denominado «La Perla», uno de los mayores del país junto al que la dictadura instaló en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires.
Al comparecer ante los jueces, el ex general y los otros acusados ocuparon un sector protegido por vidrios blindados mientras que una manifestación de los organismos humanitarios obligó a cortar el tránsito en los alrededores de los tribunales de Córdoba, capital de la provincia homónima, en el centro de Argentina.
Además de suspenderse las clases en colegios aledaños a los tribunales, se movilizó a 250 policías y se prohibió el uso de cámaras fotográficas y de video en la sala donde se lleva a cabo el proceso.
Menéndez, de 81 años, no sólo fue la máxima autoridad de Córdoba durante la dictadura, sino que su condición de jefe del Tercer Cuerpo del Ejército amplió su poder a otras provincias vecinas.
La justicia cordobesa ordenó una protección especial para los 31 testigos de cargo contra Menéndez y los otros siete acusados, quienes son antiguos miembros del servicio de inteligencia y grupos paramilitares del Ejército.
La medida fue pedida por organismos humanitarios en vista de la desaparición de Julio López, de 77 años, cuyo paradero se desconoce desde septiembre de 2006, después de que declaró como testigo de cargo en un juicio por el que se dictó prisión perpetua a Miguel Etchecolatz por delitos de represión cometidos en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.
«Ese genocida que hoy comienza a ser juzgado es también un ejemplo del país que hoy somos: tiene la oportunidad que no tuvieron miles de argentinos», destacó la presidenta argentina, Cristina Fernández, en alusión a Menéndez.
Durante un acto público en las afueras de Buenos Aires, la mandataria también elogió «los años de lucha» de las Madres de Plaza de Mayo y otras asociaciones humanitarias que reclaman que se castigue a los represores.
Mientras, el abogado Claudio Orosz, de la agrupación HIJOS (de desaparecidos), declaró que siente «una profunda emoción» por el comienzo del proceso contra Menéndez, en el que representa a la parte querellante.
El ex general «fue el encargado del terrorismo de Estado en Córdoba y nueve provincias más», remarcó.
Además de ser responsable del centro ilegal de detención de «La Perla», Manéndez también era el jefe del Grupo de Operaciones Especiales del que formaban parte otros acusados en este juicio.
A fines de la década de 1980 el ex general estuvo detenido por una causa que involucraba más de 400 violaciones a los derechos humanos, pero fue uno de los represores beneficiados por los indultos que concedió en 1991 el entonces presidente argentino, Carlos Menem (1989-1999).
Los procesos contra antiguos jefes de la dictadura militar se reanudaron a raíz de que han sido anulados los indultos concedidos por Menem y también las llamadas «leyes del perdón» promulgadas en 1986 y 1987, durante el mandato de Raúl Alfonsín (1983-1989).
Al menos 18.000 personas desaparecieron a manos de grupos militares y paramilitares que actuaron al amparo de la dictadura, según cifras oficiales que los organismos humanitarios elevan a 30.000.
EFE
