Dos ministros acusaron, además, a los dirigentes agropecuarios de cobijar un acto opositor y de poner condiciones inaceptables para negociar una salida al conflicto, que cumple 75 días con el consiguiente impacto negativo en la economía.
El Gobierno argentino rompió este lunes el diálogo para superar el conflicto con el campo, ofendido por la «fenomenal agresión» del sector a la investidura de la jefa del Estado, Cristina Fernández, durante la masiva protesta del domingo.
Dos ministros acusaron, además, a los dirigentes agropecuarios de cobijar un acto opositor y de poner condiciones inaceptables para negociar una salida al conflicto, que cumple 75 días con el consiguiente impacto negativo en la economía.
«Esto es una enorme equivocación», aseguró el presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens, para quien la ruptura del diálogo causa «un daño enorme» al país.
«No somos la oposición», subrayó Miguens, el único dirigente rural que no ha sido blanco de la áspera reacción oficial a la protesta del domingo, que reunió a por lo menos 200.000 personas en la ciudad de Rosario, a 300 kilómetros de Buenos Aires.
El líder reiteró que el campo busca una fórmula de conciliación ante el aumento de los impuestos a la exportación de granos, dispuesto el 11 de marzo pasado, lo que desató huelgas y protestas contra esa medida y otras regulaciones gubernamentales.
Algunos diarios de Buenos Aires consideraron este lunes que Cristina Fernández, quien lleva cinco meses y medio de gestión, sufrió el domingo la mayor manifestación de protesta desde el restablecimiento de la democracia, en 1983.
El jefe del Gabinete, Alberto Fernández, sostuvo que el discurso que primó durante el masivo acto de Rosario «rompe toda lógica de diálogo».
«Todos los discursos fueron con frases enormes, con conceptos tremendos, y esta idea permanente de que si no se hace lo que el campo quiere, no hay posibilidad de encontrar una solución», remarcó en declaraciones a radios locales.
El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, opinó, a su vez, que los discursos de los dirigentes del campo, «salvo el de Miguens», fueron «de agresión fenomenal» a la jefa del Estado.
Dijo que los dirigentes del sector agropecuario pusieron en duda «la legitimidad» del Gobierno, entre otras cosas «inaceptables» de las que culpó, sobre todo, a Eduardo Buzzi, líder de la Federación Agraria, la más combativa de las cuatro asociaciones en conflicto.
Aníbal Fernández reiteró que el Gobierno no está dispuesto a cambiar su política impositiva y apuntó que el sector rural debió manejar sus protestas «con prudencia», en alusión a la participación de jefes de los principales partidos políticos de la oposición en la masiva manifestación de protesta.
Los dirigentes agropecuarios impidieron a los políticos subirse al palco desde donde hablaron a la multitud reunida en Rosario, que contrastó con las 20.000 personas que acudieron el domingo al acto de Cristina Fernández, en la norteña ciudad de Salta, con motivo del aniversario del 25 de mayo 1810, antecedente de la independencia argentina.
«Cada vez se va dificultando más el diálogo: se habla ahora de ofensas, ¿pero qué esperaban, que la gente aplaudiera al Gobierno?», remarcó Miguens a radios y canales de televisión.
El presidente de Sociedad Rural insistió en que el campo no busca imponer su rechazo a las políticas del Gobierno, sino «negociar una solución» que concilie las posiciones de las partes en conflicto.
Pero Alfredo De Angeli, dirigente de la Federación Agraria, reiteró este lunes que si no se «baja el famoso decreto» que aumentó los impuestos, «habrá que hacer acciones» de fuerza como las efectuadas desde marzo, que incluyeron huelgas comerciales y bloqueos de carreteras.
La noche del lunes, y tras mantener en Buenos Aires una prolongada reunión, los presidentes de las entidades rurales señalaron que los productores quedaron «desconcertados» por el «desplante» del Gobierno y le exigieron «una explicación», además de anunciar un «cuarto intermedio» hasta este martes.
Buzzi sostuvo que existe un «malestar creciente» entre los productores agropecuarios y una «voluntad de las bases de manifestar el descontento por el desplante» del Gobierno, aunque las instó a «ser inteligentes y no caer en la provocación» del Ejecutivo.
El conflicto impacta en el mercado de capitales, donde el precio de los bonos públicos cayó en picada a los niveles de hace tres años, y afecta a la industria frigorífica y láctea por las trabas a la exportación de carne vacuna y las protestas de los productores de leche.
Se calcula que el Banco Central ha vendido unos 2.000 millones de dólares para impedir que subiera el precio del billete estadounidense y los expertos coinciden en que las consultoras privadas revisan a la baja su pauta de crecimiento económico de este año, que situaban en por lo menos un 7 por ciento.
EFE
