Iván Ramírez se convirtió en el primer general del ejército colombiano en ser encarcelado por violaciones a los derechos humanos, tras la violenta toma del Palacio de Justicia en 1985. Por BBC Mundo
Su detención es un hecho inédito en este país, pues hasta ahora las máximas sanciones contra oficiales de ese mismo rango habían sido solo de tipo disciplinario.
La detención de Ramírez, quien hace algunos años se había retirado del servicio activo, se hizo efectiva en las últimas horas y fue ordenada por la Fiscalía General de la Nación, que investiga la desaparición de una docena de personas.
Los hechos ocurrieron el 7 y 8 de noviembre de 1985, durante el operativo militar que retomó el Palacio de Justicia, después de haber sido asaltado por 35 guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19).
En ese entonces, Ramírez, que era coronel, era el encargado de la sección de inteligencia de una brigada del Ejército destacada en Bogotá. Años más tarde, el oficial llegó a ser el jefe de inteligencia de las Fuerzas Militares, durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998).
Además de Ramírez, otros dos generales del ejército, Jesús Armando Arias Cabrales y Rafael Samudio Molina, también están siendo investigados por los mismos hechos. Los dos ya no hacen parte del servicio activo.
Durante el asalto al Palacio de Justicia y la operación militar para retomar el edificio -que se incendió y fue cañoneado por un tanque del Ejército- murieron un centenar de personas, entre ellas los más importantes magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
No obstante que más de un centenar de personas sobrevivió al combate entre la guerrilla y el ejército, desde entonces 11 civiles y una guerrillera están desaparecidos.
El ex procurador general Alfonso Gómez Méndez celebró la decisión de la Fiscalía. Gómez Méndez, quien sancionó a Arias, declaró que «parece que se rompió el pacto de silencio que hubo para ocultar los hechos».
Otros dos generales
Mientras los guerrilleros responsables de la toma de rehenes y de homicidios dentro del Palacio fueron favorecidos por amnistías e indultos a principios de los años 90, los responsables del operativo militar solo habían sido sancionados disciplinariamente.
Desde un principio se denunció que miembros de la Fuerza Pública cometieron desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales.
Sin embargo, ante la aparición de nuevas pruebas, como videos, fotografías y grabaciones de audio, la Fiscalía General reabrió el caso en agosto de 2006.
En los videos que se han conocido, algunas de las personas que están desaparecidas han sido identificadas saliendo vivas del Palacio de Justicia, cuando iban en poder de miembros del Ejército.
