Los familiares de las 2.973 personas que perecieron en el World Trade Center de Nueva York, en el Pentágono en Washington y en un campo de Pensilvania esperan justicia desde hace casi siete años, pero no podrán mirar a la cara personalmente al hombre que supuestamente puso en marcha la masacre, Khalid Sheikh Mohammed.
Estados Unidos comenzará mañana el proceso judicial contra el presunto «cerebro» del 11-S y algunos de sus colaboradores, bajo la sospecha de la tortura y en medio de alegaciones de presiones políticas y protestas sobre las normas legales.
Los familiares de las 2.973 personas que perecieron en el World Trade Center de Nueva York, en el Pentágono en Washington y en un campo de Pensilvania esperan justicia desde hace casi siete años, pero no podrán mirar a la cara personalmente al hombre que supuestamente puso en marcha la masacre, Khalid Sheikh Mohammed.
Mohammed será juzgado en la base de Estados Unidos en la bahía cubana de Guantánamo, ante un tribunal militar especial que está envuelto en la controversia.
«Se trata de un sistema legal enteramente nuevo», dijo Gary Solis, profesor de derecho de la Universidad de Georgetown y ex fiscal de los Marines. «Creo que las reglas no son justas», afirmó.
Se permite, por ejemplo, la presentación de confesiones obtenidas en interrogatorios bajo «métodos mejorados», un eufemismo acuñado por el Gobierno del presidente George W. Bush para lo que las organizaciones de defensa de los derechos humanos llaman tortura.
Mohammed fue sometido a asfixias simuladas, según ha reconocido la propia CIA, una técnica que consiste en echar agua en el rostro del prisionero, que al inhalarla tiene la sensación de que se va a ahogar.
El presunto cabecilla de Al Qaeda comparecerá en público el jueves por primera vez desde su captura en 2003 en Pakistán, tras haber pasado por una o varias cárceles secretas de la agencia de inteligencia estadounidense.
También lo harán Walid bin Attash, Ramzi Binalshibh, Ali Abdul Aziz Ali y Mustafa al-Hawsawi, todos acusados de ser piezas en el complot supuestamente ideado por Mohammed y aprobado y financiado por Osama bin Laden, líder de Al Qaeda, para atentar contra Estados Unidos.
Problemas de normas
La fiscalía pidió la pena de muerte para los cinco. La administración alega que los tribunales especiales son necesarios en tiempo de guerra para juzgar a «lo peor de lo peor», que es como califican a los detenidos.
Sin embargo, el cuerpo castrense no está tan convencido, según Richard Zabel, un ex fiscal federal.
«Ni siquiera hay acuerdo sobre los procedimientos. Hay mucha disensión incluso dentro de las fuerzas militares», dijo Zabel.
A los problemas sobre normas se añaden recientemente las acusaciones de intervención política.
La semana pasada la defensa acusó al Pentágono de acelerar el proceso para influir en las elecciones presidenciales de noviembre próximo.
La fecha marcada para el inicio del juicio, según los abogados, es el 15 de septiembre, siete semanas antes de que los estadounidenses elijan al nuevo ocupante de la Casa Blanca, aunque en la vista que se iniciará mañana los fiscales y los defensores podrán presentar los respectivos cargos y alegatos.
Probablemente tienen razón» sobre la interferencia política, dijo Eugene Fidell, presidente del Instituto Nacional de Justicia Militar. «Es irónico que los juzguen ahora, tras todo este tiempo», afirmó.
Binalshibh, por ejemplo, lleva en manos de Estados Unidos desde septiembre de 2002, aunque se desconoce dónde estuvo hasta ser transferido a Guantánamo en septiembre de 2006 junto con los otros cuatro acusados.
El ex fiscal jefe de los tribunales especiales Morris Davis, renunció en octubre tras denunciar presiones políticas para agilizar los casos antes de las elecciones.
«El proceso ha sido sujeto a tanta influencia política que se ha socavado la percepción de que se hace justicia», opinó Solis.
EFE
