El consejero legal del Ministerio de Asuntos Exteriores de México, Joel Hernández García, afirmó este viernes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que «México aconseja a EEUU que (…) el Congreso debe elaborar una legislación» de reconocimiento de las sentencias de la CIJ y así obligar a los estados a cumplirlas.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) celebra este viernes el segundo día de audiencias en las que México pide al máximo órgano judicial de la ONU que ordene «medidas provisionales» para evitar la ejecución de cinco mexicanos en el estado de Texas, una de las cuales está prevista para el próximo 5 de agosto.
El ordenamiento de «medidas provisionales» constituye una solicitud previa de carácter urgente vinculada a la petición de México de que la Corte «interprete» el llamado «fallo Avena».
En esa sentencia, pronunciada en 2004, la CIJ dictaminó que EEUU violó la Convención de Viena de 1963 al no ofrecer asistencia consular a 51 mexicanos que fueron condenados a la pena capital y ordenó a las autoridades estadounidenses que revisasen sus sentencias.
La delegación de Washington adujo en la sesión del jueves ante la Corte que su Gobierno ha hecho todo cuanto estaba en sus manos para que el «fallo Avena» fuese aplicado, y explicó que el problema reside en el hecho de que los estados no están obligados a suscribirla.
La Corte Suprema de EEUU rechazó hace tres meses la solicitud de revisión de la condena a muerte del mexicano José Ernesto Medellín, cuya ejecución está prevista para el 5 de agosto, al constatar que el estado de Texas no estaba obligado a cumplir las sentencias de la CIJ porque no existe una legislación que así lo estipule.
La elaboración de esa ley estadounidense está siendo una de las claves de los argumentos mexicanos ante la CIJ para combatir la postura de Washington, que mantiene que el Gobierno federal ha desplegado todos sus medios para que los estados revisen las condenas de los 51 mexicanos del «fallo Avena».
Entre esos casos se encuentra el de Medellín, condenado a la pena capital por la violación y estrangulamiento de dos jóvenes en 1993, y el de otros cuatro mexicanos cuya fecha de ejecución se fijará a corto plazo en Texas.
México mantiene que el fallo Avena implica para EEUU una «obligación de resultados» y no solamente de medios, tal y como expuso hoy el embajador de México en Holanda, Jorge Lomónaco Tonda, ante los jueces.
Por su parte, EEUU es de la opinión de que «no existe disputa» con México a la hora de interpretar el «fallo Avena», por lo que la CIJ carece de jurisdicción para paralizar la ejecución de Medellín y los otros cuatro mexicanos en el corredor de la muerte.
Desde que se pronunció la sentencia «Avena» al menos 33 mexicanos condenados a muerte han solicitado la revisión de la pena capital, según puntualizaron hoy a Efe fuentes de la delegación mexicana.
Sin embargo, de esas 33 peticiones solamente una ha recibido revisión y reconsideración, la de Osbaldo Torres Aguilera, en el estado de Oklahoma.
Además, el estado de Arkansas también conmutó a Rafael Camargo Ojeda la pena de muerte por cadena perpetua a cambio de que el acusado no presentara una solicitud de revisión de su condena.
EEUU replicará esta tarde a México, tras lo cual la Corte tardará previsiblemente unas semanas en pronunciar su veredicto sobre si paralizar las ejecuciones al menos hasta que se tramite el caso sobre la interpretación del «fallo Avena».
EFE
