El conflicto afectó la imagen de la presidenta Fernández, que el pasado lunes afrontó masivos «cacerolazos» de protesta en las principales ciudades de Argentina y cuya popularidad ha descendido 36 puntos desde que asumió su mandato hace seis meses.
Productores agrarios y transportistas confirmaron este sábado que todas las rutas de Argentina se encuentran liberadas, tras el levantamiento de la huelga comercial del campo, en conflicto con el Gobierno desde hace más de cien días.
«Ya está todo liberado. Está el país como lo pidió el Gobierno nacional. Espero que ahora el Gobierno nacional y el Congreso, principalmente, estén a la altura» de las circunstancias, sostuvo el dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Alfredo De Angeli, en declaraciones radiales.
A tono, el presidente de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), Rubén Agugliaro, también ratificó que ya fueron levantados los bloqueos de rutas que realizaban los transportistas de cereales en reclamo de un acuerdo entre el Gobierno y los productores para volver a trabajar.
La mayoría de los bloqueos fueron liberados ayer, pero aún quedaban algunos cortes parciales en la provincia de Santa Fe, que comenzaron a levantar esta mañana, luego de que las cuatro mayores asociaciones agrarias del país finalizaran a partir de hoy con la huelga, que consistía en no comercializar granos para la exportación.
De Angeli recordó además que el próximo lunes los ruralistas instalarán una carpa frente al Parlamento, en señal de reclamo a los legisladores para que atiendan los pedidos del sector cuando comiencen el próximo lunes a tratar el proyecto de ley enviado por el Gobierno para ratificar un nuevo esquema impositivo a la exportación de granos, que detonó el conflicto.
El dirigente insistió en que la protesta «se mudará» a la capital del país, uno de los principales exportadores mundiales de granos.
La líder de la opositora Coalición Cívica, Elisa Carrió, anticipó que su partido impulsará la «derogación» del nuevo esquema de impuestos y sostendrá «una posición clara alejada del oficialismo».
El diputado Federico Pinedo, que preside el bloque del opositor PRO, consideró que su agrupación votará una propuesta que «tenga suficiente consenso» y buscará «el justo medio para resolver el conflicto».
«Es enorme la cantidad de gente que quiere que se cierre el conflicto. Nos da la sensación de que el Congreso está ante una situación histórica», reflexionó Pinedo.
Por su parte, el presidente del bloque oficialista de diputados, Agustín Rossi, aseguró hoy que habrá un «debate transparente y respetuoso» del proyecto que esta semana envió la presidenta argentina, Cristina Fernández, en medio del severo conflicto que generó desabastecimiento y problemas en varios sectores de la economía.
«Todo proyecto de ley es susceptible de modificaciones. Depende del debate en las comisiones y del consenso que se vaya logrando en cada una de las temáticas», indicó Rossi, del gobernante Partido Justicialista (PJ, peronismo).
Dirigentes del campo anticiparon en los últimos días que mantendrán contactos con los legisladores para pedirles que incorporen modificaciones al proyecto, entre ellas, la eliminación del aumento a las exportaciones de soja, maíz, girasol y trigo, establecidas por el Gobierno en marzo pasado.
«Todas las entidades (del campo) van a ser escuchadas», sostuvo Rossi, en declaraciones televisivas, al referirse al tratamiento del proyecto, que se espera que permita poner fin al conflicto, que causó desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos industriales.
«Estimamos que (el abastecimiento de) carnes, lácteos y otros productos se irán regularizando en las próximas 48 a 72 horas», dijo el titular de la cámara que reúne a los supermercados chinos, Miguel Angel Calvete, en declaraciones a radio Mitre.
Dirigentes del sector comercial esperan además que en los próximos días comiencen a acomodarse los precios de los productos alimenticios, que afrontaron aumentos a raíz del desabastecimiento.
La prensa local asegura hoy que están amenazados 50 mil puestos de trabajo por las suspensiones que sufrieron numerosos empleados en industrias y comercios debido a la falta de insumos y productos.
El conflicto afectó la imagen de la presidenta Fernández, que el pasado lunes afrontó masivos «cacerolazos» de protesta en las principales ciudades de Argentina y cuya popularidad ha descendido 36 puntos desde que asumió su mandato hace seis meses.
EFE
