Los restos de las víctimas volvieron el viernes a esa casa de estudios para ser velados 16 años después de su secuestro y asesinato durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), ahora juzgado por violación a los derechos humanos.
El entierro de las víctimas de la matanza de la universidad limeña La Cantuta se concretó este sábado en medio de incidentes por la supuesta falta de unos documentos que, según los familiares, debieron ser entregados por el Ministerio de Justicia de Perú.
Luego de un retraso de más de una hora, los familiares de las diez víctimas de la matanza, cometida hace 16 años por el destacamento militar encubierto Colina, lograron proceder al entierro pasado el mediodía local (17.00 GMT).
El cortejo fúnebre partió la mañana de hoy a pie desde la iglesia La Recoleta, en el centro de Lima, hasta el cementerio El Ángel, ubicado en el vecino distrito de El Agustino.
Sin embargo, al llegar a la zona del cementerio donde los deudos han construido un mausoleo, un funcionario de la Beneficencia de Lima exigió una serie de documentos, lo que sorprendió a los familiares.
Según Gisella Ortíz, portavoz de los deudos, la resolución judicial que ordenó la entrega de los restos también señaló que el Ministerio de Justicia debía cumplir con todos los trámites legales para que estos sean inhumados.
Ante la situación, los familiares y acompañantes amenazaron con tomar las herramientas para proceder al entierro, tras lo cual se aceptó un compromiso de entregar los documentos el próximo lunes.
«Se ha hecho el entierro y tenemos que hacer el trámite el día lunes, pero este mausoleo lo hemos comprado nosotros y acá estuvieron enterrados (las víctimas) cerca de siete años», señaló Ortíz a los periodistas, al recordar que los restos fueron exhumados por orden judicial.
Después de conocer los incidentes, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, lamentó lo ocurrido y dijo que el tema se debió a «cuestiones burocráticas de menor nivel de un funcionario que no tuvo el suficiente criterio» para facilitar el enterramiento.
«Es muy penoso lo ocurrido, en cuanto al ministerio cumplimos oportunamente con lo notificado por la corte (judicial), que fue entregar los ataúdes, las carrozas y la capilla ardiente», explicó al canal N de la televisión local.
La ministra expresó a los familiares sus disculpas «con toda contrición» y dijo que lamenta que «al dolor que han sentido se haya sumado esto».
Fernández ratificó desconocer qué tipo de trámites burocráticos se podían exigir e informó que su viceministro acudió al cementerio a apoyar a los familiares y comprometió a su despacho a cumplir «cualquier otro trámite» pendiente.
«Ellos (los deudos) no van a volver a tener una preocupación sobre este tema», remarcó.
Los restos de las víctimas de la matanza de La Cantuta volvieron el viernes a esa casa de estudios para ser velados 16 años después de su secuestro y asesinato durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), ahora juzgado por violación a los derechos humanos.
Luego de una procesión por el lugar donde fueron vistos con vida por última vez, fueron llevados a la iglesia de La Recoleta, donde se celebró un oficio religioso en su memoria.
Las víctimas fueron los estudiantes Luis Ortiz, Juan Mariños, Heráclides Pablo, Robert Teodoro, Armando Amaro, Dora Oyague, Felipe Flores, Bertila Lozano y Marcelino Rosales, así como el profesor Hugo Muñoz.
Sus cuerpos fueron calcinados y enterrados en diversos lugares a las afueras de Lima, por lo que no se les ha podido recuperar ni identificar en su totalidad.
Actualmente, Fujimori es juzgado por esta matanza y la de Barrios Altos (1991), así como por el secuestro de un periodista y un empresario después del autogolpe de Estado de 1992.
EFE
