Desde que asumió la presidencia provisional en julio de 2006 en sustitución de su hermano Fidel, convaleciente desde entonces de una grave enfermedad, Raúl Castro ha dejado claro que el sector primario era uno de sus principales caballos de batalla.
El presidente de Cuba, Raúl Castro, adoptó nuevas medidas, en forma de decretos publicados este viernes, para tratar de aumentar la producción en el campo y atajar los problemas que sacuden al sector educativo, uno de los buques insignias de la revolución.
Apenas una semana después de anunciar en el Parlamento que la entrega de tierras en usufructo ya había sido autorizada por el Consejo de Estado -Ejecutivo- y la cúpula del Partido Comunista de Cuba, la norma apareció hoy publicada y en 30 días estará desarrollada en forma de reglamento.
De acuerdo al decreto, hay «por diferentes razones, un porcentaje considerable de tierras estatales ociosas, por lo que se hace necesario la entrega de tierras en usufructo a personas naturales o jurídicas, con el objetivo de elevar la producción de alimentos y reducir su importación».
Desde que asumió la presidencia provisional en julio de 2006 en sustitución de su hermano Fidel, convaleciente desde entonces de una grave enfermedad, Raúl Castro ha dejado claro que el sector primario era uno de sus principales caballos de batalla.
En julio del 2007 subrayó que Cuba se encontraba ante «el imperativo de hacer producir más la tierra» y desde que asumió la presidencia del país, el 24 de febrero pasado, ha hecho de la producción de alimentos un objetivo prioritario y una cuestión de «seguridad nacional».
Cuba gastará este año casi 2.000 millones de dólares en la compra de alimentos, con los que proveerá algo más de un 80 por ciento de los productos que componen la canasta básica ofrece a la población a precios subvencionados.
La entrega de tierras se suma a otras medidas como el aumento de los precios estatales de compra a los productores, el desarrollo de un programa para la entrega directa e indirecta de medios a los campesinos y cooperativas, y la descentralización administrativa para que la gestión agrícola desde las entidades del gobierno local.
De acuerdo al Decreto-Ley 259 «sobre la entrega de tierras ociosas en usufructo», las personas naturales podrán recibir tierras en esa modalidad por un periodo de diez años, renovables en plazos similares, que serán de 25 años en el caso de las personas jurídicas.
Las parcelas asignadas tendrán una extensión máxima de 13,42 hectáreas para los que no cuentan con tierras en la actualidad y, en el caso de los que ya posean terreno en propiedad o usufructo, de la cantidad que reste hasta completar 40,26 hectáreas, y los usufructos serán grabados con un impuesto por la utilización de las tierras.
Podrán aspirar al usufructo las granjas estatales, las entidades estatales no agropecuarias, las diferentes organizaciones cooperativas que existen en el país y «las personas naturales cubanas con capacidad legal que se encuentren aptas físicamente para el trabajo agrícola».
En el apartado educativo, un sector que vive horas bajas tras el fracaso del programa de profesores jóvenes para los niveles básicos, Raúl Castro ha optado por tirar de los maestros jubilados y para ello ha dictado una norma con carácter «excepcional» y «provisional» para tratar de solucionar el problema.
Mientras el Gobierno trabaja en una reforma de la seguridad social que empezará a aplicarse a partir de 2009 para incrementar la edad mínima de jubilación, el presidente de Cuba estableció condiciones preferenciales para hacer que los maestros jubilados y los que abandonaron la profesión por distintos motivos regresen al ámbito académico.
De acuerdo con datos difundidos por medios locales, más del 50 por ciento de los maestros de secundaria no han completado su formación y las autoridades del sector admitieron que el sistema educativo arrastra problemas de capacitación, poco interés por el magisterio y un «éxodo» de profesionales por las bajas remuneraciones.
En abril, Raúl Castro nombró al vicepresidente del Consejo de Ministros José Ramón Fernández para «atender, orientar, controlar y coordinar la labor de los ministerios de Educación y Educación Superior, además del Instituto Nacional de Deportes (Inder)».
Con el nuevo decreto, los maestros jubilados podrán volver a las aulas sin perder el derecho a percibir la pensión y a cobrar el salario de acuerdo con el nivel profesional que tenían en el momento del retiro.
EFE
