Por su lado, el ministro Arce, encargado de casi todos los asuntos legales del Gobierno de Morales, sostuvo que la consulta del 10 de agosto está amparada por una ley del Congreso, respaldada en el Senado por partidos de la oposición y el oficialismo.
El Gobierno de Evo Morales tachó este martes de «cantinflada» la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de Bolivia de frenar el referendo revocatorio del próximo 10 agosto, acusó a ese órgano de prevaricación y aseguró que los preparativos para esa votación seguirán adelante.
El ministro de Defensa, el abogado Walker San Miguel, dijo en una rueda de prensa en el palacio de Gobierno que la decisión tomada por la magistrada Silvia Salame, única funcionaria del Tribunal por las sucesivas renuncias de los otro cuatro miembros elegidos por el Parlamento, recuerda a las actuaciones del actor mexicano Cantiflas.
«Es una ‘cantinflada’ que nadie comprende de dónde salió. No se puede manosear a una institución como el Tribunal Constitucional», aseguró San Miguel, acompañado del ministro de Defensa Legal de Recuperaciones Estatales, Héctor Arce.
La magistrada ordenó este martes a la Corte Nacional Electoral (CNE) frenar la organización de la consulta sobre los mandatos de Evo Morales, su vicepresidente, Álvaro García Linera, y ocho de los nueve prefectos (gobernadores) del país.
La votación excluye a la prefecta de Chuquisaca, la indígena quechua Savina Cuéllar, quien fue electa recientemente tras la renuncia de su antecesor.
Salame comunicó a los medios locales que la decisión es consecuencia de una demanda interpuesta por el diputado opositor Arturo Murillo, de la fuerza centrista Unidad Nacional (UN).
Explicó que dado que es la única magistrada del TC no puede tomar una decisión sobre la constitucionalidad o no del referendo, pero puede firmar un decreto para frenar el proceso hasta que ese órgano cuente con todos los magistrados que necesite y analice el tema de fondo.
San Miguel consideró que la decisión de Salame «mancilla incluso el honor de la abogacía» y anunció que el Gobierno presentará en su contra una «querella criminal por prevaricación» porque, a su juicio, no puede firmar un decreto de tal importancia de forma individual.
Por su lado, el ministro Arce, encargado de casi todos los asuntos legales del Gobierno de Morales, sostuvo que la consulta del 10 de agosto está amparada por una ley del Congreso, respaldada en el Senado por partidos de la oposición y el oficialismo.
Señaló que el TC, que teóricamente debe poseer cinco miembros titulares y otros tantos suplentes, debe funcionar con un mínimo de tres miembros para tomar cualquier decisión jurídica con efectos.
«Queremos ser categóricos y contundentes. El referendo revocatorio está amparado por una ley de la República totalmente constitucional y legal y no existe procedimiento para pararlo», sostuvo Arce.
Morales está en plena campaña para ser ratificado en las urnas y los prefectos opositores, aunque han calificado de injusta la ley de convocatoria al referendo, han aceptado someterse al mismo.
Para el mandatario indígena, el referendo debe permitir a los bolivianos elegir entre su proyecto de refundación constitucional y los movimientos autonomistas impulsados por opositores en cinco de las nueve regiones del país.
EFE
