El mandatario Morales, su vicepresidente, Álvaro García Linera, y ocho de los nueve prefectos (gobernadores) del país, la mayoría opositores, deben someter sus mandatos a la consulta popular.
El Tribunal Constitucional (TC) de Bolivia ordenó este martes a la Corte Nacional Electoral (CNE) que suspenda la organización del referendo para la revocación de los mandatos del presidente y de los gobernadores convocado para el 10 de agosto.
Silvia Salame, única magistrada del alto Tribunal por las sucesivas renuncias de los otro cuatro miembros elegidos por el Parlamento, comunicó a los medios locales que la decisión es consecuencia de una demanda interpuesta por el diputado opositor Arturo Murillo, de la fuerza centrista Unidad Nacional (UN).
Salame explicó que, pese a ser la única magistrada en funciones en el TC, después de que sus cuatro colegas dimitieran meses atrás tras denunciar presiones políticas, puede firmar un decreto de ese tipo porque hay jurisprudencia al respecto.
El referendo «tiene que quedar suspendido, porque la jurisprudencia del Tribunal es obligatoria para la Corte Nacional Electoral, el Presidente de la República (Evo Morales) y cualquier organismo nacional», apuntó la magistrada Salame.
La demanda presentada por Murillo es un «recurso incidental de inconstitucionalidad» que alega que al convocar el referendo se violó la Constitución, debido a que ese tipo de consulta no está incluida en la Carta Magna, aunque fue avalada por una ley del Congreso promulgada por Morales.
Según Salame, dado que es la única magistrada del TC no puede tomar una decisión sobre la constitucionalidad o no del referendo, pero puede firmar un decreto para frenar el proceso hasta que ese órgano cuente con todos los magistrados que necesite y analice el tema de fondo.
«La Corte Electoral tiene que abstenerse de continuar con el referendo hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su constitucionalidad», detalló Salame.
Cuando el diputado Murillo presentó la demanda en junio pasado, dijo que ese recurso había sido estudiado con detenimiento por sus abogados y, a su juicio, representaba un «jaque mate» para la Corte Electoral.
El mandatario Morales, su vicepresidente, Álvaro García Linera, y ocho de los nueve prefectos (gobernadores) del país, la mayoría opositores, deben someter sus mandatos a la consulta popular.
A esta votación no acudirá la prefecta de Chuquisaca, la indígena quechua Savina Cuéllar, quien fue electa recientemente tras la renuncia de su antecesor.
Morales está en plena campaña para ser ratificado en las urnas y los prefectos opositores, aunque han calificado de injusta la ley de convocatoria al referendo, han aceptado someterse al mismo.
Para el mandatario indígena, el referendo debe permitir a los bolivianos elegir entre su proyecto de refundación constitucional y los movimientos autonomistas impulsados por opositores en cinco de las nueve regiones del país.
EFE
