Tanto los jerarcas del régimen como miembros de grupos armados y militantes políticos perseguidos por la dictadura fueron perdonados en 1979 por una amplia amnistía, aprobada en momentos en que los militares comenzaban a perder poder.
El ministro de Justicia de Brasil, Tarso Genro, revivió este jueves el debate sobre los crímenes cometidos por la última dictadura militar (1964-1985) y pidió castigo para todos los torturadores, beneficiados en 1979 con una amplia amnistía.
«En la época de la dictadura militar no existía ninguna ley que permitiera la tortura, que no es un delito político, sino un crimen común», declaró el ministro en un seminario sobre derechos humanos.
Según Genro, su intención no es «juzgar el papel de las Fuerzas Armadas» en ese período, recordado en Brasil como «los años de plomo de la dictadura», sino establecer las responsabilidades individuales de todos aquellos que torturaron, aún cuando haya sido en obediencia de órdenes.
«Estamos debatiendo el comportamiento de los agentes públicos que incumplieron el mandato dado por el Estado» y se trata de «discutir a fondo sobre democracia, instituciones republicanas y futuro», dijo Genro.
El secretario nacional de Derechos Humanos, Paulo Vanucchi, apoyó la propuesta y consideró que se debe establecer «un sólido sistema de garantías que impida cualquier tipo de tentación de retomar un pasado que Brasil entero repele».
Genro también encontró eco en el presidente de la Comisión de Amnistía, Paulo Abrí£o, quien sostuvo que debe ser analizado desde el punto de vista legal si «es factible, a la luz del orden jurídico actual, responsabilizar a los violadores de los derechos humanos de esa época».
Según Abrí£o, «es un desafío que el Poder Judicial deberá responder», pero aclaró que hasta los organismos de derechos humanos desean que sea «un debate extremadamente técnico y jurídico».
El deber del Estado, en opinión de Abrí£o, es «posibilitar la discusión, dentro de un ambiente técnico, de conciliación y con mucho aprecio a la verdad, que es uno de los fundamentos de la base del sistema democrático».
Tanto los jerarcas del régimen como miembros de grupos armados y militantes políticos perseguidos por la dictadura fueron perdonados en 1979 por una amplia amnistía, aprobada en momentos en que los militares comenzaban a perder poder.
Desde hace décadas, los organismos de derechos humanos insisten en que esa ley debe ser revisada, de modo que se castigue a los culpables de crímenes de lesa humanidad, como son la tortura o la desaparición forzada de personas.
EFE
