Julián Corres, de 55 años y que hasta hace unos años era oficial del Servicio de Inteligencia del Ejército, está acusado de 47 secuestros, 38 casos de torturas, 17 homicidios y siete desapariciones de detenidos.
La justicia argentina pidió a Interpol la captura internacional de un represor de la última dictadura militar (1976-1983) que escapó hace una semana de una dependencia policial, confirmaron este sábado fuentes oficiales.
El magistrado federal de Bahía Blanca Alcido Álvarez Canale pidió la captura de Julián Corres a raíz de las sospechas de que el ex militar viajó a un país vecino, tras fugarse el sábado pasado de la comisaría en la que estaba detenido.
Como consecuencia, la delegación argentina de la Policía Internacional emitió una circular roja con el pedido de detención del represor del Gobierno de facto, apodado «Laucha», indicaron fuentes de las fuerzas de seguridad locales.
Por el caso, fueron detenidos el jefe y subjefe de la delegación de la Policía Federal de Bahía Blanca, Gustavo Ariel Scelsi y Marcelo Alejandro Voros, respectivamente, además de otro integrante de esa institución sospechoso de facilitar la fuga de Corres de la dependencia, situada a unos 800 kilómetros de Buenos Aires.
El policía detenido es el inspector Juan Carlos Lastra, mientras que el cabo primero Pablo Carvajal fue excarcelado el miércoles pasado por la noche.
Las autoridades también han cesado por negligencia a once oficiales de la Policía Federal.
El Gobierno de Argentina ordenó este jueves al Ejército una «exhaustiva investigación» sobre la supuesta participación de miembros de esa fuerza en el hecho y ha ofrecido una recompensa de 50.000 dólares a quien aporte datos que ayuden a encontrar a Corres.
El teniente coronel, acusado de torturar a secuestrados en un centro ilegal de detención durante la dictadura, había sido apresado en abril después de permanecer un año y medio prófugo.
Corres escapó en la madrugada del sábado pasado tras pedir permiso para ir al baño y el fiscal encargado del caso, Hugo Cañón, denunció la existencia de una «promiscua relación» del militar con los policías encargados de custodiarlo.
Julián Corres, de 55 años y que hasta hace unos años era oficial del Servicio de Inteligencia del Ejército, está acusado de 47 secuestros, 38 casos de torturas, 17 homicidios y siete desapariciones de detenidos.
A consecuencia de este hecho, el Gobierno también dispuso que las fuerzas de seguridad no podrán seguir alojando a detenidos por delitos de lesa humanidad.
Según cifras oficiales, 18.000 personas desaparecieron en Argentina en la última dictadura, aunque los organismos defensores de los derechos humanos elevan la cifra a 30.000.
EFE
