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Fujimori quiso fusilar a los líderes de Sendero Luminoso, afirma testigo

por 14 agosto, 2008

El ex funcionario enfatizó que los documentos fueron corregidos "de puño y letra" por Fujimori, quien invirtió el orden de los fusilamientos: primero a Vargas, luego a Iparraguirre y finalmente a Guzmán.
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El ex presidente peruano Alberto Fujimori corrigió "de puño y letra" la resolución que autorizaba el fusilamiento de los líderes de Sendero Luminoso, afirmó este miércoles Rafael Merino Bartet, ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).



Merino Bartet, el último de los 82 testigos convocados al proceso por violaciones a los derechos humanos que se sigue contra Fujimori, mostró ante la Sala un proyecto de decreto ley, un memorando y un comunicado que redactó, con fecha 14 de octubre de 1992, con las "normas de detalle" para la ejecución.



Esa medida iba a aplicarse al fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, a su esposa y principal lugarteniente, Elena Iparraguirre, y al cabecilla Zenón Vargas, dijo.



El ex funcionario enfatizó que los documentos fueron corregidos "de puño y letra" por Fujimori, quien invirtió el orden de los fusilamientos: primero a Vargas, luego a Iparraguirre y finalmente a Guzmán.



"Si ustedes quieren pueden hacer una pericia grafotécnica, pero yo conocía la letra del ingeniero Fujimori, porque también tuve a la mano un texto que él modificó en su presentación en la televisión el 5 de abril", señaló a los jueces.



Merino Bartet comentó, sin embargo, que desconoció las razones por las cuales esas ejecuciones nunca se realizaron.



El testigo reveló también que Vladimiro Montesinos, el otrora poderoso asesor de Fujimori, llegó a ser subjefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) por un periodo de treinta días.



Al contradecir la versión de que Montesinos siempre fue un asesor "en la sombra" del SIN, dijo desconocer si su jefe suscribió documentos oficiales, aunque añadió que se enteró por rumores de que la documentación de ese periodo desapareció.



Confirmó, además, que Montesinos tuvo el control absoluto en el SIN y que este se puso muy nervioso cuando se difundió el primer video en el que se le ve entregando dinero a un congresista opositor para que apoye al régimen de Fujimori, el 14 setiembre del 2000.



"Ahora sí estoy liquidado", dijo Montesinos, según el testigo.



Merino Bartet también confirmó que, luego de la desactivación del SIN, a fines del año 2000, se ordenó la destrucción de los documentos de ese organismo, pero él logró copiar una serie de documentos, que entregó al Congreso, así como a un fiscal y al juez anticorrupción Saúl Peña.



Entre esos documentos, comentó, estuvo la copia de un discurso que elaboró para el ex ministro Carlos Boloña, quien supuestamente iba a asumir la presidencia después de un golpe de Estado planificado por Montesinos en el 2000.



Merino Bartet también dijo que desde el SIN participó en la elaboración de seis Planes Operativos de Inteligencia no militar, que diferenció de los Planes de Inteligencia Operativa de los institutos armados.



Esos planes, realizados entre 1992 y 1996, fueron denominados Tormenta en los Andes, Bus, Constelación, Apoyo, Pueblos Jóvenes, Ruptura y Cóndor, éste último para el frente externo, y según lo que le dijo Montesinos fueron ordenados por Fujimori.



Aseguró que también elaboró el "proyecto de declaración" que Fujimori leyó, tras hacerle correcciones, el 5 de abril de 1992, con ocasión del autogolpe de Estado.



Merino Bartet también dijo que Montesinos nunca le pidió un informe luego de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992 por el grupo militar encubierto Colina y por las que está siendo juzgado Fujimori.



El ex asesor fue el último testigo del proceso contra Fujimori, que continuará ahora con la presentación de peritos forenses y dos ex integrantes de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.



Según informó a Efe el Poder Judicial peruano, luego se procederá a la lectura de las piezas procesales, la requisitoria oral del fiscal y los alegatos de la defensa.



Una vez concluida la última diligencia pública, los miembros del tribunal tendrán un plazo de cinco días para comunicar la fecha en que dictarán sentencia, lo que se calcula para fines de noviembre próximo.



EFE

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