Los indígenas, aún armados con lanzas, se habían reagrupado tras ser desalojados del estratégico puente Corral Quemado, uno de los bastiones de los manifestantes, cuando la policía intentó dispersarlos con gases lacrimógenos.
Violentos enfrentamientos se han producido en el mediodía de hoy entre indígenas y policías en la provincia de Bagua, uno de los bastiones de los nativos que han bloqueado durante varios días el acceso a la Amazonía desde la costa norte de Perú.
Estos enfrentamientos -que según el portal de Internet del diario El Comercio han causado al menos diez heridos, entre ellos un efectivo de la policía- se producen pese a que representantes de los indígenas acordaron casi al mismo tiempo en Lima suspender sus protestas a cambio de la discusión en el Congreso de unas polémicas leyes.
Los indígenas, aún armados con lanzas, se habían reagrupado tras ser desalojados del estratégico puente Corral Quemado, uno de los bastiones de los manifestantes, cuando la policía intentó dispersarlos con gases lacrimógenos.
Fuentes policiales en Bagua Chica dijeron que se trataba de meras «escaramuzas» y negaron que se hayan producido heridos.
Ayer los indígenas acordaron desbloquear este puente por 24 horas, plazo que expiraba a las 16.00 hora local (21.00 GMT), pero la firma del acuerdo en Lima hacía presagiar un final del conflicto.
Ayer mismo la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso aceptó derogar las leyes 1015 y 1073, que aún debe ser ratificada por el pleno del Legislativo.
La ley 1015 establece que las decisiones en cada comunidad campesina o indígena se adopten con al menos la mitad más uno del total de sus miembros, en lugar de dos tercios, mientras la 1073 amplía el concepto de comunero o posesionario (propietario) que se aplica en estos casos.
El presidente peruano, Alan García, subrayó hoy que sería un «gravísimo error histórico» que el Congreso derogue esos decretos bajo «amenaza de huelga».
Estos decretos forman parte de un grupo de leyes que los indígenas consideran atentatorias contra su derecho a la propiedad de sus tierras, ricas en recursos energéticos como en flora y fauna.
EFE
