En 2008 se han cometido más de 600 asesinatos, advirtió la organización colombiana, que señaló que en las barridas del oeste de la misma ciudad se ha denunciado el reclutamiento forzado de niños por parte de nuevos grupos ultraderechistas.
La organización Human Rights Watch (HRW) instó al Gobierno de Colombia a que proteja a un representante del Ministerio Público en Medellín amenazado de muerte por paramilitares, dijeron fuentes humanitarias de Bogotá.
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) informó que la solicitud aparece en un mensaje del director para América de HRW, el chileno José Miguel Vivanco, al ministerio colombiano del Interior y de Justicia.
En la nota, Vivanco se hizo eco de amenazas proferidas por nuevos grupos de paramilitares contra el personero (representante del Ministerio Público) delegado para los derechos humanos en Medellín, Jorge Ceballos, y su familia.
La organización no gubernamental (ONG) Codhes explicó que HRW teme que Ceballos esté en peligro inminente debido a sus denuncias sobre que unos 6.000 paramilitares desmovilizados se rearmaron y retomaron el control de las comunas residenciales de la ciudad.
«Es de la mayor importancia que el Ministerio del Interior adopte todas las medidas de protección adecuadas para garantizar no solo la seguridad del doctor Ceballos, sino también la de sus familiares», expresó Vivanco, según apartados del mensaje divulgados por Codhes.
En Medellín se han cometido este año más de 600 asesinatos, advirtió la ONG colombiana, que señaló que en las barridas del oeste de la misma ciudad se ha denunciado el reclutamiento forzado de niños por parte de nuevos grupos ultraderechistas.
La situación se ha agravado con el reciente asesinato de Antonio López, conocido con el alias de «Job» y antiguo mando del desmovilizado Bloque Cacique Nutibara (BCN), que hizo parte de las las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El BCN tuvo como jefe a Diego Fernando Murillo («Don Berna»), extraditado a Estados Unidos el pasado 13 de mayo junto a otros doce ex líderes de las AUC, todos ellos bajo cargos de narcotráfico, lavado de activos y financiación al terrorismo.
López es el ex paramilitar que en semanas previas a su muerte, en julio último, se entrevistó en la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo en Bogotá) con los secretarios Jurídico y de Prensa de la Presidencia, Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez, respectivamente, según publicaciones periodísticas.
El jurista Diego Álvarez, abogado de «Don Berna», acompañó a López en estas entrevistas, que fueron confirmadas hoy por el presidente Álvaro Uribe.
El gobernante dijo que ambos fueron recibidos en la Casa de Nariño para que entregaran supuestas pruebas de intentos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por vincularlo a él con paramilitares.
EFE
