Dos figuras emblemáticas del último gobierno militar en el país trasandino fueron condenadas este jueves a prisión perpetua por la desaparición de un legislador en 1976. Durante mucho tiempo los miembros de las fuerzas de seguridad eludieron la Justicia al estar protegidos por las leyes del perdón conocidas como Obediencia Debida y Punto Final, aprobadas por gobiernos democráticos.
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Se trata del ex general Luciano Benjamín Menéndez, quien ya había obtenido la misma sentencia en un juicio previo por violaciones de los derechos humanos, y su ex subordinado, Domingo Antonio Bussi, quien por primera vez es condenado por crímenes de lesa humanidad.
A ambos se los responsabilizó de la desaparición del senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, detenido el 24 de marzo de 1976, día del golpe militar. El legislador fue supuestamente liberado, pero nunca más fue visto con vida.
Menéndez y a Bussi fueron hallados culpables de los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura, homicidio y asociación ilícita en perjuicio de Vargas Aignasse.
Sin embargo, el tribunal decidió diferir su pronunciamiento sobre las condiciones en las que deben cumplir su pena de cadena perpetua.
De modo que mantuvo por el momento la prisión domiciliaria de la que gozaba Bussi por su avanzada edad y su delicado estado de salud, al igual que la reclusión de Menéndez en una unidad militar.
Esto provocó la ira de grupos de derechos humanos, familiares de las víctimas de la «guerra sucia» y partidos de izquierda congregados frente al tribunal, que pedían que los condenados fueran alojados en una cárcel común.
Manifestantes chocaron con las fuerzas de seguridad cuando intentaron ingresar a la sala de audiencias. Gendarmes dispararon gases lacrimógenos para tratar de dispersarlos y recibieron una lluvia de piedras y palos.
«Una guerra»
Los dos ex jerarcas militares rechazaron las acusaciones en su contra y en su descargo final defendieron la represión ilegal en medio de una repulsa generalizada.
En silla de ruedas, con una barba de días y asistencia de oxígeno, Bussi, de 82 años, dijo: «Estábamos en una guerra entre bandos. Vivimos un enfrentamiento entre los agresores apátridas y la República a través de su brazo armado».
Y completó entre llantos: «Muchas gracias a los soldados que me ayudaron a salvar a la Argentina histórica de la agresión comunista».
A su turno, Menéndez (81) fue más allá en la justificación de la llamada «guerra sucia»: «La persecución a los delincuentes subversivos no fue represión (…) Aplicando las leyes, las Fuerzas Armadas cumplieron la misión encomendada por la Nación de vencer al enemigo».
«Y somos nosotros quienes estamos siendo juzgados. Ostentamos el dudoso honor de ser el primer país del mundo que juzga a sus soldados victoriosos que lucharon por orden de y por el bien de sus compatriotas».
Durante el régimen militar (1976-1983), Menéndez era jefe del Tercer Cuerpo del Ejército en la región centro-norte del país, mientras que Bussi se desempeñaba como gobernador de la provincia norteña de Tucumán, función que volvió a cumplir en tiempos de democracia.
El juicio tuvo lugar en un tribunal tucumano durante poco más de tres semanas.
En él declararon cerca de 30 testigos, entre ellos familiares del senador desaparecido, víctimas de la represión ilegal, ex personal penitenciario y miembros de fuerzas de seguridad.
Más causas
Ésta es tan sólo una de las 600 causas contra Menéndez y Bussi por violaciones de los derechos humanos.
El mes pasado, el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército fue hallado culpable del secuestro, la tortura y el asesinato de cuatro militantes de izquierda en la ciudad de Córdoba, en el centro del país.
Menéndez se convirtió así en el primer ex militar de alto rango sentenciado por crímenes de lesa humanidad tras la anulación de las leyes del perdón conocidas como Obediencia Debida y Punto Final.
Durante mucho tiempo los miembros de las fuerzas de seguridad eludieron la Justicia al estar protegidos por esas normas, aprobadas por gobiernos democráticos.
Sin embargo, las leyes del perdón fueron derogadas hace tres años, lo que permitió la reapertura de cientos de juicios contra ex represores, incluyendo los que involucran a Menéndez y Bussi.
Se estima que unas 30.000 personas desaparecieron y fueron asesinadas durante el gobierno militar argentino.
