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ONU insta a todos los países a no retroceder en derechos humanos

«Nos preocupa la respuesta al terrorismo, especialmente la respuesta de Estados Unidos, con una tendencia a la redefinición de los términos», sostiene un experto.



Quince años después de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena, 130 activistas y expertos internacionales instaron este viernes a todas las naciones a cumplir con lo acordado entonces y no permitir que se dé marcha atrás.



La Declaración de Viena, aprobada en 1993 por unanimidad de los 171 países participantes en la Conferencia de la ONU sobre los Derechos Humanos, fue un «hito» porque por primera vez se estableció la universalidad de esos derechos, proclamados además indivisibles, interrelacionados e interdependientes.



Así lo recordó el jurista argentino Juan Méndez, presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional, tras participar en la conferencia «Estándares Globales-Acción Local: 15 años de la Conferencia Mundial de Viena sobre los Derechos Humanos», que concluyó hoy en la capital austríaca.



En la ocasión, Méndez destacó la importancia de las mejoras logradas entonces y en los años siguientes, pero advirtió de que «también es cierto que muchos de esos avances están en riesgo, y estamos a la defensiva para no ceder más terreno».



Entre otros puntos, el experto lamentó el empeoramiento de la situación provocada por el terrorismo y la lucha contra este fenómeno.



«En primer lugar, el terrorismo mismo es un desafío y, aunque no es totalmente nuevo, sí hay formas y tendencias relacionadas, como el fundamentalismo o la intolerancia étnica y religiosa, que son nuevos desafíos», señaló.



Añadió que «también preocupa la respuesta al terrorismo, especialmente la respuesta de Estados Unidos, con una tendencia a la redefinición de los términos».



Méndez fue crítico con la práctica de Washington conocida como «rendiciones extraordinarias», que, según el experto, es un eufemismo para no hablar de «desapariciones forzadas», bajo el cual se encubre la entrega de prisioneros a otros países para que sean interrogados bajo tortura o presiones prohibidas en EEUU, con el fin de obtener información.



EFE

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