El pasado 22 de junio, los tarijeños aprobaron en referendo un estatuto de autonomía que el Gobierno de Morales considera «ilegal» y «separatista» al igual que los de Santa Cruz, Beni y Pando, ratificados también en sendas consultas en el mes de mayo.
El ministro de Trabajo de Bolivia, Walter Delgadillo, afirmó este domingo que el departamento de Tarija (sur) podría convertirse «en una suerte de nexo de articulación» entre el Gobierno y los «sectores regionales autonomistas que no han logrado encontrar una convergencia».
En una entrevista con Radio Panamericana, el ministro aseguró que en Tarija, gobernado por el opositor Mario Cossío, hay un «buen ambiente para el encuentro entre el estado nacional y el estado subnacional», por lo que puede desempeñar un papel «muy importante» de cara al diálogo.
Bolivia vive un momento de especial confrontación política, tras el decreto promulgado por el presidente Evo Morales que fija para el 7 de diciembre el referendo para ratificar la nueva Constitución, al que se oponen frontalmente los dirigentes de cinco de las nueve regiones del país.
En esa fecha, también se celebrarán elecciones en La Paz y Cochabamba para elegir a sus prefectos (gobernadores), después de quedar revocados los anteriores en la consulta sobre mandatos del 10 de agosto, así como comicios en las nueve regiones del país para designar consejeros departamentales y subprefectos provinciales.
Morales y sus opositores han fracasado en todos sus intentos de diálogo para tratar de acercar posturas en la pugna que enfrenta el proyecto constitucional del presidente y el proceso autonomista que unilateralmente han emprendido las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.
El presidente boliviano ha encomendado a cinco de sus ministros que intenten de nuevo el acercamiento con estos departamentos «rebeldes».
En esta «misión ministerial» está incluido Delgadillo que anunció hoy que en las próximas horas viajará a Tarija para intentar un encuentro con el prefecto (gobernador) Cossío.
Tarija, situada al sur del país y fronteriza con Argentina, concentra el 85,7 por ciento de las reservas probadas y probables del gas de toda Bolivia y se ha convertido en un nuevo polo de desarrollo que ha atraído a varias trasnacionales petroleras como la hispano-argentina Repsol YPF y la brasileña Petrobras.
El pasado 22 de junio, los tarijeños aprobaron en referendo un estatuto de autonomía que el Gobierno de Morales considera «ilegal» y «separatista» al igual que los de Santa Cruz, Beni y Pando, ratificados también en sendas consultas en el mes de mayo.
«Insistiré en el diálogo porque tenemos muchas cosas que discutir», señaló hoy el ministro de Trabajo, para quien existe la «posibilidad de trabajar la nueva ley de autonomías y de encontrar convergencia».
En lo económico, señaló como prioridad llegar a un acuerdo en el pacto fiscal y el polémico Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), un ingreso petrolero que el Gobierno recortó en enero a las regiones para destinarlo al pago de una ayuda directa a la vejez.
Delgadillo aseguró que ya ha tratado el tema del IDH con autoridades de la región de Tarija y que «hay algunos puntos de aproximación» que el ministro quiere «consolidar en conversación directa con el prefecto Cossío» para llegar a «acuerdos interesantes para todos».
El ministro de Trabajo también se refirió a los enfrentamientos y actos violentos en rechazo al decreto promulgado por el presidente Evo Morales para convocar al referendo constitucional y pidió a los comités cívicos y prefectos opositores que «expulsen» a los violentos de sus instituciones.
EFE
