Organismos de derechos humanos exigen desde hace meses que los militares procesados por represión durante la dictadura que continúan cobrando esta pensión dejen de hacerlo «teniendo en consideración el especial espíritu que ilustra, motiva y conlleva este reconocimiento» honorífico.
Al menos once procesados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar argentina y un ex coronel prófugo de la justicia todavía cobran las pensiones honoríficas que el Gobierno otorga a los combatientes de la Guerra de las Malvinas.
A pesar de las reiteradas denuncias de organismo de derechos humanos y de que en marzo de este año se ordenó suspender el pago de este tipo de prestaciones a los agentes de la dictadura, aún no se han retirado estas pensiones y al menos doce personas siguen beneficiándose de la gratificación económica, según publica hoy el diario Página 12.
La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos establecieron hace seis meses un control mensual a pedido de diferentes organizaciones pro-derechos humanos para evitar que los procesados cobraran el monto de las pensiones.
Esta remuneración, que equivale a tres pensiones básicas (poco más de 600 dólares), fue impulsada por los centros de ex combatientes en la década de los años 80 y transformada en «honorífica» por el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), esposo de la actual presidenta y titular del Partido Justicialista.
El decreto del gobierno del ex presidente Kirchner excluía de la pensión honorífica a condenados por violaciones de los derechos humanos, traición a la patria, delitos contra el orden constitucional, la vida democrática o sedición, pero no citaba a los procesados.
Organismos de derechos humanos exigen desde hace meses que los militares procesados por represión durante la dictadura que continúan cobrando esta pensión dejen de hacerlo «teniendo en consideración el especial espíritu que ilustra, motiva y conlleva este reconocimiento» honorífico.
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en la actualidad existen 421 procesados, 42 prófugos y más de trescientos denunciados en Argentina por secuestros, torturas y asesinatos frente a 32 condenados, los únicos excluidos realmente del cuadro de honor.
EFE
