La misma fuente observó que estos investigadores conformaban una comisión que habían sido enviados a la zona «en cumplimiento de una orden impartida por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario» de la Fiscalía General.
La fiscalía colombiana aseguró este lunes en Bogotá que las FARC pusieron en libertad en Ecuador a los cuatro funcionarios de la entidad judicial que el grupo rebelde había secuestrado previamente en territorio colombiano.
Los ex rehenes son investigadores que desaparecieron el pasado viernes en el Putumayo, departamento de la frontera sur con Ecuador, en un caso atribuido por las autoridades colombianas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
«Los miembros de la comisión fueron liberados hacia las cuatro de la madrugada del 21 de septiembre en la localidad fronteriza de Pueblo Nuevo (Ecuador)», indicó la Fiscalía General en un comunicado.
Allí, los funcionarios «tomaron una embarcación hacia Teteyé, en territorio colombiano», añadió la fuente, que aclaró de esta manera unas declaraciones ofrecidas el domingo por el presidente colombiano, Álvaro Uribe, desde Estados Unidos, adonde viajó el pasado jueves en visita oficial.
Uribe sostuvo entonces que el informe de las autoridades militares de la región indicaba que los cuatro funcionarios habían sido tomados como rehenes por las FARC en la población ecuatoriana de Pueblo Nuevo.
La fiscalía informó de que los ahora ex secuestrados dijeron que «fueron interceptados por hombres armados cuando se desplazaban en una embarcación por el río San Miguel, y fueron obligados a detenerse ente las veredas (parajes rurales) La Florida y La Unión, corregimiento (caserío) de Teteyé, en Puerto Asís (Putumayo)».
El sistema de posicionamiento global (GPS) que llevaban mostró que, en el momento del secuestro, los funcionarios se hallaban en territorio colombiano.
La misma fuente observó que estos investigadores conformaban una comisión que habían sido enviados a la zona «en cumplimiento de una orden impartida por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario» de la Fiscalía General.
Su misión era la de «recrear la escena y realizar entrevistas en la investigación por los homicidios, presumiblemente en combate (con el Ejército), de Eduard Edilson Plaza y Daniel Marroquín Ortega, ocurridos el 22 de marzo de 2007 en la vereda La Unión», explicó la entidad judicial.
EFE
