Tras un año de desencuentros, los líderes agropecuarios de Argentina firmaron este martes un acuerdo con el gobierno para incentivar la producción de leche, trigo y carne.
En un gesto inusual e inesperado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se sumó al encuentro entre la llamada Comisión de Enlace -que agrupa a los principales representantes del campo- y los ministros de Producción, Débora Giorgi, y del Interior, Florencia Randazzo.
Se trata del segundo encuentro entre los agricultores y el gobierno en ocho meses y la primera reunión entre los ruralistas y la mandataria desde junio de 2008.
Tanto los funcionarios como los productores consideraron que los avances logrados habían sido positivos, sin embargo, los líderes agropecuarios rechazaron la afirmación del ministro Randazzo que dio por superado el diferendo.
«No hay una sensación entre los productores de que el conflicto está terminado», señaló el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi.
Ente regulador
La firma del acuerdo se produjo en medio de fuertes especulaciones sobre la presentación de un proyecto oficial para crear un ente mixto para regular la exportación de granos.
Los rumores que circularon respecto a este tema crearon gran expectativa, lo cual se incrementó con la presencia en la reunión de la presidenta Fernández.
Consultado por la posibilidad de que el gobierno impulse la creación de este organismo regulador, el ministro Randazzo no descartó la posibilidad.
«En la creación de un ente de estas características va a estar siempre presente la protección del pequeño y mediano productor (…), pero por sobre todas las cosas, la participación del parlamento argentino», señaló el ministro del Interior.
La propuesta divide a los ruralistas, algunos de los cuales apoyan la participación del Estado en el comercio de granos. Sin embargo los líderes del campo cuestionan el poder discrecional que tendría el gobierno en dicha entidad.
La participación del Estado en el comercio de granos no es nueva en Argentina. Durante casi seis décadas el mercado fue regulado por un organismo público, que fue disuelto en 1991 por el gobierno de Carlos Menem.
En la actualidad, la actividad está concentrada en manos de unos pocos exportadores privados, entre los que se encuentran multinacionales y empresas locales.
Según dijo a BBC Mundo la economista Marta Bekerman, de la Universidad de Buenos Aires, la alta rentabilidad de estas firmas ha sido motivo de queja por parte de los productores.
Algunos medios locales especularon con que el proyecto oficial podía formar parte de una estrategia del gobierno para forzar a los productores a exportar entre 5,5 y 9 millones de toneladas de soja que tienen almacenadas y cuya no comercialización impacta la recaudación estatal.
Responsabilidad
Durante un acto posterior a la reunión con el campo, la presidenta Fernández no hizo referencia al encuentro, aunque sí pidió «responsabilidad» a todos los sectores y llamó a que las diferencias se procesen «democráticamente y teniendo en cuenta el interés del conjunto, de todos los argentinos».
«Momentos tan difíciles como los que vive el mundo, van a exigir de todos nosotros a poner mucha inteligencia, mucha actitud de acuerdo y de aunar esfuerzos», apuntó la mandataria.
Miles de productores agrarios esperaron las conclusiones de la reunión al costado de las rutas, en las principales zonas agrarias del país.
El acuerdo es el más significativo realizado en el marco de la puja entre el campo y el gobierno, que comenzó con el anuncio del aumento a las retenciones, en marzo de 2008.
Pero los representantes del campo son cautelosos. «Anuncios hemos tenido muchos, lo que necesitamos ahora es que se cumplan», afirmó Mario Llambías de Confederaciones Rurales Argentinas.
