ntre quienes acudirán a la sede del Gobierno para hacer efectivo este pedido mediante una carta estarán José María Di Bello y Alex Freyre, la pareja a la que este martes se le frustró el sueño de convertirse en el primer matrimonio homosexual de América Latina .
Representantes de un colectivo de homosexuales de Argentina pedirán mañana una audiencia con la presidenta del país, Cristina Fernández, para solicitarle que este año impulse en el Parlamento el debate de una ley que permita el casamiento entre personas del mismo sexo.
Entre quienes acudirán a la sede del Gobierno para hacer efectivo este pedido mediante una carta estarán José María Di Bello y Alex Freyre, la pareja a la que este martes se le frustró el sueño de convertirse en el primer matrimonio homosexual de América Latina, indicó la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Travestis (LGBT).
En un comunicado, María Rachid, titular de la LGBT, sostuvo que, paralelamente, solicitará una «urgente reunión» con el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), quien el próximo viernes asumirá como diputado, para que «el Parlamento debata este tema en las sesiones ordinarias de este año».
«De no tratarse en las reuniones ordinarias, le solicitamos a Cristina Fernández que presente un proyecto del Ejecutivo y se debata el tema en sesiones extraordinarias», insistió.
Rachid expresó «su más enérgico repudio» a comentarios de «algunos sectores políticos y de la jerarquía de la Iglesia que proponen aprobar una ley de unión civil nacional con algunos derechos para las parejas del mismo sexo».
«Repudiamos cualquier instituto jurídico creado para conceder algunos derechos a nuestras familias, con otros nombres, y así evitar el acceso a la igualdad jurídica para nuestra comunidad», señaló.
«De ninguna manera aceptaremos esta propuesta como premio consuelo para que no se les reconozca a nuestras familias los mismos derechos con los mismos nombres», apuntó.
En medio de una compleja controversia judicial, José María Di Bello y Alex Freyre se quedaron este martes sin matrimonio, posibilidad que les había concedido un fallo de la jueza de la ciudad de Buenos Aires Gabriela Seijas a mediados de noviembre.
El lunes, otra jueza, Marta Gómez Alsina, de jurisdicción nacional, declaró nulo el fallo de la magistrada de la ciudad.
Pese a que Seijas ratificó su fallo el mismo día de la boda, el Gobierno de la capital argentina, que había dado luz verde al casamiento al no apelar la primera resolución, decidió llevar el caso a la Corte Suprema, en sintonía con una resolución de la Cámara Nacional en lo Civil.
Lo que era boda se convirtió entonces en un acto de protesta y denuncia de la colectividad homosexual liderado por la frustrada pareja, Rachid y decenas de legisladores y personalidades sociales y políticas que habían sido convocadas como padrinos y testigos.
El jefe de Gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, fue duramente criticado por la comunidad homosexual, mientras que el Registro Civil de la ciudad se enfrenta a la posibilidad de que la jueza Seijas lo acuse de desacato.
Macri «nos mintió» porque no cumplió el fallo de la jueza Seijas y optó por «la decisión política de negarnos nuestros derechos y discriminarnos, pero todavía vamos a seguir peleando», dijo Rachid en su día.
La Corte Suprema tendrá que pronunciarse sobre la controversia, aunque no tiene plazos previstos para hacerlo.
En la actualidad, las parejas del mismo sexo únicamente pueden obtener la unión civil en cuatro ciudades de Argentina.
La Ley de Unión Civil de la ciudad de Buenos Aires, aprobada a finales de 2002, supuso el primer antecedente en el país y el primer reconocimiento de las parejas homosexuales en Latinoamérica.
Pese a esto, los homosexuales argentinos no están totalmente satisfechos ya que, en su opinión, la unión civil es una figura jurídica no equiparable al matrimonio.
