El joven, que actualmente es docente, se crió con su madre y sus abuelos maternos, y desde su adolescencia tomó conciencia de que su padre estaba desaparecido, por lo que se sometió a los exámenes genéticos que demostraron que es hijo de Tulio Valenzuela, miembro de la guerrilla Montoneros.
Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron este lunes la restitución de la identidad del nieto, hijo de un desaparecido durante la última dictadura argentina (1976-1983), número cien.
Se trata de Matías, hijo de la docente Norma Espinosa y Tulio Valenzuela, miembro de la guerrilla Montoneros, precisó un comunicado de las Abuelas.
En julio de 1975 Norma quedó embarazada de Tulio y poco después la pareja decidió separarse por razones de seguridad, se explicó en el documento.
«Norma se desconectó de la militancia, tuvo a su hijo y cuando éste tenía seis meses organizó un encuentro con Tulio para que se conocieran. En ese momento su padre no pudo reconocer a Matías debido a su situación de clandestinidad», agregó.
El joven, que actualmente es docente, se crió con su madre y sus abuelos maternos, y desde su adolescencia tomó conciencia de que su padre estaba desaparecido.n 2009, precisó el organismo humanitario, luego de informarse sobre la restitución de la identidad de Sabrina, su media hermana, Matías volvió a acercarse a las Abuelas de Plaza de Mayo y decidió someterse a exámenes genéticos que demostraron que es hijo de Tulio Valenzuela.
«De inmediato Matías se puso en contacto con su hermana Sabrina, viajó a conocerla a la ciudad de Rosario y comenzaron una estrecha relación, en la que comparten el afecto y la historia de un padre desaparecido por el terrorismo de Estado», aseguraron las abuelas.
Por iniciativa de esta asociación, unos 3.300 jóvenes argentinos han acudido a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para investigar su procedencia, debido a que se calcula que unos 500 bebés fueron robados a sus padres durante la dictadura militar.
Según datos oficiales, unas 18.000 personas desaparecieron durante el último Gobierno de facto en Argentina, aunque las entidades de derechos humanos elevan la cifra de víctimas a 30.000.
