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Secretario de Estado amenaza con renunciar y recibe respaldo de abogados

Programa de DD.HH. de Lula desata polémica entre ministro y militares

por 11 enero 2010

Programa de DD.HH. de Lula desata polémica entre ministro y militares
El conflicto surgió debido a que la iniciativa del gobierno de Brasil prevé la creación de una comisión para investigar los crímenes cometidos por militares durante la dictadura (1964-1985). El ministro Paulo Vannuchi admitió que algunos puntos pueden ser revisados, pero rechazó una propuesta castrense para que la instancia orientada a indagar a torturadores, sea ampliada para los crímenes de los guerrilleros que combatieron al régimen.

El Colegio de Abogados de Brasil (OAB, por sus siglas en portugués) salió en defensa del ministro brasileño de Derechos Humanos, que amenazó con renunciar al cargo en caso de que, por presión de los militares, el Gobierno modifique el Programa Nacional de Derechos Humanos que anunció en diciembre.

El presidente del Colegio de Abogados, Cezar Britto, divulgó elñ domingo un comunicado en defensa del ministro de Derechos Humanos, Paulo Vannuchi, y del Programa de Derechos Humanos que, entre otros asuntos polémicos, prevé la creación de una comisión para investigar los crímenes cometidos por militares durante la dictadura (1964-1985).

"Quien censuró, arrestó sin orden judicial, suspendió mandatos y apoyó la dictadura militar fue amnistiado por la Ley de Amnistía de 1979, pero quien torturó cometió un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, tiene que ser sancionado por el Estado como establece la Constitución", según la nota de la OAB.

El apoyo al ministro se produce el mismo día en que Vannuchi, en entrevista publicada hoy por el diario Folha de Sao Paulo, amenazó con renunciar al cargo si el Programa de Derechos Humanos es modificado para satisfacer a los militares.

"Mi renuncia no es un problema para Brasil ni para la República. Lo que no puedo admitir es que transformen el Programa en un monstruo político único en el planeta", aseguró Vannuchi.

El Programa de Derechos Humanos fue decretado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el 21 de diciembre pasado, y desde entonces recibe críticas cada día por sectores que desconocían los diferentes puntos de un plan que abarca numerosos asuntos.

Además de los comandantes de las Fuerzas Armadas, que el mes pasado amenazaron con renunciar por las propuestas de Vannuchi, el programa también recibió críticas de la Iglesia, los agricultores y los propietarios de los medios de comunicación.

El programa prevé, además de la creación de una comisión para investigar a torturadores durante la dictadura, la legalización del aborto y del matrimonio homosexual, la fiscalización de estudios con transgénicos, la vigilancia de la prensa y hasta trabas para limitar el desalojo de campesinos que invaden haciendas privadas.

De acuerdo con versiones de prensa, Lula abortó la crisis militar con la promesa de que revisará el Programa de Derechos Humanos cuando regrese mañana a la Presidencia tras sus vacaciones.

Vannuchi admitió que algunos puntos pueden ser revisados pero rechazó una propuesta de los militares para que la Comisión de la Verdad a ser creada para investigar a torturadores durante la dictadura sea ampliada para los crímenes de los guerrilleros que combatieron el régimen militar.

Según el ministro, no se pueden igualar los torturadores con los torturados, ya que los primeros actuaron ilegalmente con el respaldo del Estado y los segundos ya fueron juzgados, arrestados, desaparecidos y muertos.

De acuerdo con el Colegio de Abogados, la Ley de Amnistía no implica el "olvido" de lo ocurrido durante la dictadura, por lo que una Comisión de la Verdad no significa que el Estado pretenda anular dicha Ley.

"Todos los brasileños tienen derecho a saber que un presidente constitucionalmente elegido fue depuesto a la fuerza por un golpe militar. Tampoco se puede olvidar que el Congreso Nacional fue cerrado por la fuerza de los tanques, que jueces y magistrados fueron separados de sus cargos, y que había censura, tortura y castración de todo tipo de libertad", según el comunicado.

"El régimen del miedo que sustentaba el pasado no puede servir de disculpa en el presente democrático. Un país que tiene miedo de su historia no puede ser considerado un país serio", agrega.

El presidente de la regional del Colegio de Abogados para Río de Janeiro, Wadih Damous, también divulgó una nota en la que sugirió que, en lugar del ministro de Derechos Humanos, quienes tienen que renunciar son el ministro de Defensa y los comandantes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea por oponerse a la Comisión de la Verdad.

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