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Obama no pudo cumplir su propio plazo de cierre de Guantánamo

por 22 enero 2010

Obama no pudo cumplir su propio plazo de cierre de Guantánamo
El 22 de enero de 2009, recién llegado a la Casa Blanca, el mandatario firmó la orden de clausura del penal a orillas del Caribe, en un acto simbólico de ruptura con la política de detención de su predecesor, George W. Bush.

El plazo que el presidente de EE.UU., Barack Obama, se dio para cerrar Guantánamo venció este viernes  sin una nueva fecha para hacerlo, al tiempo que funcionarios de su Gobierno propusieron trasladar la detención indefinida de prisioneros a territorio nacional.

El 22 de enero de 2009, recién llegado a la Casa Blanca, Obama firmó la orden de clausura del penal a orillas del Caribe, en un acto simbólico de ruptura con la política de detención de su predecesor, George W. Bush.

Pero el ímpetu para llevarlo a cabo se desinfló ante la oposición de los legisladores, inclusive de su propio partido, a aceptar a los presos en territorio de Estados Unidos.

"Obama pensó que tendría la entereza para resistir a las presiones políticas, pero la perdió por el camino", opinó Karen Greenberg, profesora de la Facultad de Derecho de New York University.

"No tener una fecha para el cierre no es algo bueno. Obama quiere más un segundo mandato como presidente que cerrar Guantánamo", dijo  Greenberg.

Mike Hammer, portavoz del Consejo Nacional de Seguridad, reiteró hoy que "el presidente está comprometido con la clausura de Guantánamo", pero no aventuró cuándo ocurrirá.

La solución a la que apunta la administración es paradójicamente similar a la política de Bush que Obama tanto criticó durante la campaña electoral.

Un grupo de trabajo oficial ha aconsejado que casi 50 presos de los 196 que permanecen en Guantánamo sigan detenidos en Estados Unidos de forma indefinida y sin juicio porque son demasiado peligrosos para soltarlos.

La información proviene de filtraciones a la prensa estadounidense de fuentes del Gobierno, que eligieron hoy, cuando se cumple un aniversario que la Casa Blanca quiere olvidar, para mostrar el avance en el proceso.

El propio Obama ya sugirió en mayo la posibilidad de detener a algunos de ellos sin cargos, no por delitos que hayan cometido, sino para prevenir que ataquen a Estados Unidos en el futuro.

Hoy fue la primera vez que se ha conocido el número de personas que podrían estar sujetas a este tipo de encarcelamiento.

No se puede encausar a esos hombres, muchos de los cuales llevan ocho años en Guantánamo, porque el Gobierno carece de suficientes pruebas contra ellos que pueda usar en un juicio, es decir, que no hayan sido obtenidas con torturas o maltratos.

Existe otro segmento, de entre 35 y 40, contra los que sí hay evidencia y el grupo de trabajo recomendó que se les procese en tribunales civiles o militares. El Gobierno ya ha iniciado los procedimientos contra once de ellos.

Los otros 110 restantes en Guantánamo deberían ser puestos en libertad, según la comisión, formada por miembros de varias agencias del Gobierno y el Pentágono.

Hammer dijo que el Gobierno mantiene el plan de trasladar a los presos que estén pendientes de juicio o para su detención "a largo plazo" a una cárcel estatal en Thomson (Illinois), que la administración pretende comprar.

Sin embargo, ese proyecto afronta muchos problemas en el Congreso, que debe aprobar el dinero para ello, principalmente del lado de los legisladores conservadores que no quieren a presos de Guantánamo en suelo estadounidense.

También rechazan el plan los congresistas liberales que consideran ilegal la detención indefinida, en lo que coinciden con las organizaciones de derechos humanos.

"Es preocupante que cuando Guantánamo finalmente cierre, parece que algunas de sus políticas más vergonzosas continuarán en territorio estadounidense", se quejó  Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU, en inglés).

De la política antiterrorista de Bush, Obama también ha rescatado los tribunales militares especiales que su antecesor creó con reglas nuevas que favorecen a la fiscalía para juzgar a ciertos prisioneros de Guantánamo.

El presidente ha introducido algunas modificaciones, como la prohibición de usar confesiones obtenidas mediante tortura, pero aún así las organizaciones de derechos humanos consideran esos procesos injustos.

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