Si bien la compra sería legal, ya que en Argentina cualquier individuo puede adquirir divisas por hasta dos millones de dólares si tiene cómo justificarlo, expertos en derecho penal apuntaron que se trataría de una «violación ética» al ser el esposo de la presidenta Cristina Fernández y, por tanto, contar con información privilegiada.
La supuesta compra de dos millones de dólares por parte del ex presidente argentino Néstor Kirchner generó este lunes el repudio de abogados constitucionalistas y de la oposición, que estudia denunciar esa operación financiera.
Si bien la compra sería legal, ya que en Argentina cualquier individuo puede adquirir divisas por hasta dos millones de dólares si tiene cómo justificarlo, expertos en derecho penal apuntaron que se trataría de una «violación ética» al ser el esposo de la presidenta Cristina Fernández y, por tanto, contar con información privilegiada.
El caso fue publicado este fin de semana por los diarios Clarín y Perfil, que indicaron que Kirchner (2003-2007) figura en un listado de quienes compraron dólares durante octubre de 2008.
En aquel momento se registró una variación del tipo de cambio producto de la crisis financiera internacional y el Gobierno intervino fuertemente en el mercado de divisas por medio de operaciones del Banco Central.
El abogado penalista Juan Pablo Vigliero aseguró que existiría una violación al artículo 2 del Código de Ética de la Función Pública porque la «información privilegiada» a la que habría tenido acceso Kirchner debió de «provenir de un funcionario dependiente del Ejecutivo o directamente de la presidenta».
En ese sentido, Vigliero dijo en declaraciones a la edición electrónica del diario La Nación que, en caso de que se probara que un funcionario público hubiera brindado al ex presidente información de carácter reservado con fines de lucro, podría hablarse de la figura de «partícipe» en un delito de enriquecimiento ilícito.
Su colega Adolfo Tamini, por su parte, descartó la posible existencia de un delito, dado que Kirchner no era funcionario público en el momento de la compra de las divisas.
«No veo ningún tipo penal en este caso. Es una conducta legal, pero sancionable social y políticamente», destacó.
El ministro de Economía argentino, Amado Boudou, dijo que «las operaciones (de compraventa de dólares) que se hacen en el mercado formal, son legales y esto está hecho en esos términos; allí no hay nada que decir».
«Me llama la atención que esto sea permanentemente objeto de comentario, ya que lo que habría que buscar son aquellos que no declaran sus bienes e ingresos», sostuvo Boudou en declaraciones a radio América.
El ministro señaló que «los bienes y movimientos de Kirchner los ha hecho todos en los mercados formales y está todo en sus declaraciones» juradas de bienes presentadas ante las autoridades impositivas.
Desde la opositora Coalición Cívica (centroizquierda), el diputado Juan Carlos Morán aseguró que, «si hubiera jueces y fiscales independientes, Kirchner debería ir preso».
El legislador adelantó que la Coalición Cívica definirá hoy en una reunión cómo dará curso en la Justicia a una denuncia contra el ex gobernante.
Margarita Stolbizer, jefa del bloque de diputados de Generación para un Encuentro Nacional, opinó que el matrimonio presidencial está siempre «en el límite de la legalidad y pasando por arriba de la ética».
Su homólogo Ricardo Gil Lavedra, de la Unión Cívica Radical, consideró que, de confirmarse la información, se trataría de «un acto de inmoralidad brutal, un grado de corrupción y degradación muy grande».
A finales del año pasado, la Justicia sobreseyó una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Cristina Fernández y Néstor Kirchner, después de que saliera a la luz que el patrimonio de la pareja presidencial había aumentado un 158 por ciento en 2008.
Según la declaración jurada que derivó en la apertura del expediente, la fortuna del matrimonio creció en ese año hasta unos 12,1 millones de dólares.
Fernández y Kirchner justificaron ante la Justicia su incremento patrimonial con la venta de inmuebles, rentas, salarios e intereses bancarios.
El viernes pasado, al anunciar su renuncia como presidente del Banco Central, el economista Martín Redrado dijo que en aquel momento decidió sostener el precio del dólar cuando «algunos» le sugerían devaluar la moneda argentina.
Unos días antes, Redrado también había deslizado la existencia de una lista de «amigos del poder» que se beneficiaron con la compra de dólares.
El jefe del Gabinete, Aníbal Fernández, salió entonces a decir que si Redrado no se presentaba ante la Justicia para hacer la denuncia, el Gobierno lo acusaría por «encubrimiento», tras lo cual el economista desmintió haber hecho tal afirmación.
