A Juan Carlos Blanco, de 75 años, se le imputó el delito de «homicidio muy especialmente agravado» por el crimen de la profesora Elena Quinteros, detenida en 1976 cuando intentaba asilarse en la embajada venezolana en Montevideo.
El ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco fue condenado a 20 años de prisión por la desaparición y muerte en 1976 de la profesora Elena Quinteros, que causó la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela porque la víctima fue capturada cuando intentaba asilarse en la embajada en Montevideo.
El juez penal de primer turno Juan Carlos Fernández Lecchini imputó a Blanco el delito de «homicidio muy especialmente agravado», indicaron este miércoles fuentes judiciales.
El ex ministro de Relaciones Exteriores, de 75 años y reconocido experto en Derecho Internacional, se encuentra en prisión desde 2006 por otros casos de violaciones a los derechos humanos.
El juez dio lugar al pedido de procesamiento solicitado por la fiscal del caso Mirtha Guianze, pero cambió la carátula del expediente de «desaparición forzada», solicitada por esta, a «homicidio especialmente agravado».
«Todavía no he sido notificada del fallo, pero seguramente será en la tarde de hoy», dijo Guianze.
Pedro Chargoñia, abogado acusador en el caso contra Blanco, dijo que el cambio de carátula «no tiene efectos prácticos» porque la condena «es la misma, 20 años de prisión».
Sin embargo, «para otros casos de violaciones a los derechos humanos puede ser diferente porque el delito de homicidio prescribe y el de desaparición forzosa no», agregó.
La denuncia contra Blanco por la desaparición de Elena Quinteros fue iniciada en 1990, presentada por legisladores de la ahora gobernante coalición de izquierda Frente Amplio luego que una comisión del Parlamento estudiara el caso, y archivado posteriormente por la Justicia.
En 2000, tras surgir nuevos elementos, incluida la liberación de archivos secretos estadounidenses referidos al episodio, organizaciones de derechos humanos lograron la reapertura del caso.
Aunque la acusación de homicidio muy especialmente agravado «en este caso puede sorprender» se aplica el criterio de «criminal de escritorio» para señalar al acusado, «por tratarse de autoridades que están en conocimiento o dan directivas que derivan en homicidio», agregó Chargoñia.
Blanco afirmó, además, que «durante el juicio quedó probado que actuando como canciller incluso solicitó un memorando interno en el que se recogían los pro y las contra de liberar a la maestra detenida», cuyos restos mortales todavía no han sido encontrados, destacó.
Fuentes de la secretaría de la abogada defensora de Blanco, Lucía Curbelo, explicaron a Efe que «todavía no se recibió la notificación» sobre el fallo del juez Fernández Lecchini.
«Después de recibirla, seguramente en los próximos días, se analizará el fallo y se definirá sobre la posibilidad de presentar apelación o no», agregaron los informantes.
La maestra Elena Quinteros (Montevideo, 1945), militante del izquierdista Partido de la Victoria del Pueblo, desapareció el 28 de juno de 1976 tras ser detenida por fuerzas de seguridad en los jardines de la embajada de Venezuela en Montevideo.
El caso derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Uruguay, que se reanudaron recién el 1 de marzo de 1985, con el retorno de la democracia y la toma de mando de Julio María Sanguinetti como presidente.
Blanco se encuentra en prisión en la Cárcel Central de Montevideo desde 2006 por su vinculación con los asesinatos del senador uruguayo Zelmar Michelini y el presidente de la Cámara de Diputados del país Héctor Gutiérrez Ruiz, ocurridos en mayo de 1976 en Buenos Aires.
En ese caso el ex canciller, quien desempeñó también varios cargos en la Organización de Estados Americanos y que con la restitución de la democracia en el país en 1985 fue nombrado embajador de Uruguay ante las Naciones Unidas, está a la espera del fallo definitivo.
El ex presidente uruguayo Juan María Bordaberry, quien llegó democráticamente al poder en 1971 y se transformó en dictador tras el golpe de Estado de 1973 y la disolución del Parlamento, también fue procesado junto con Blanco en 2006.
Bordaberry cumple condena actualmente, bajo arresto domiciliario debido a su estado de salud, por otros diez homicidios y por el delito de atentado contra la Constitución, que en febrero pasado le costó una pena de 30 años.
