En París, el avejentado ex dictador compareció ante el Tribunal Correccional, donde defendió su derecho a ser repatriado a Panamá ante el juez francés que tenía que decidir sobre su eventual ingreso a un recinto penal.
La Justicia francesa puso entre rejas este martes al ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega por su implicación en actividades de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y por las que fue condenado en ausencia en 1999 a diez años de cárcel.
En París, un avejentado Noriega compareció ante el Tribunal Correccional nada más llegar a Francia, adonde fue extraditado desde Estados Unidos y donde defendió su derecho a ser repatriado a Panamá ante el juez francés que tenía que decidir sobre su eventual ingreso en prisión.
Noriega, de 76 años y con un discurso titubeante, reprochó ante el tribunal «la acción que se toma criminalmente contra mí» y alegó que se estaban violando sus derechos personales.
El ex general panameño fue trasladado desde Miami, después de pasar en prisión un total de 20 años en Estados Unidos, e insistió en que su estatuto es el de «prisionero de guerra producto de la invasión de Panamá» por parte de aquel país.
Invocó, además, su «derecho a la inmunidad», que dijo tener «como jefe de Gobierno» en una breve declaración en español que el juez de las libertades y la detención le permitió hacer sentado, debido a su delicado estado de salud.
Pero este magistrado, Jean-Michel Maton, dictaminó su ingreso en prisión provisional porque, estimó, es «el único medio» para garantizar que Noriega comparezca ante el tribunal que lo tiene que juzgar de nuevo en Francia.
El juez insistió en que «los hechos (que se le reprochan a Noriega) no presentan ningún vínculo ni siquiera débil con sus atribuciones de jefe de Estado».
Respondía así a las alegaciones del propio ex mandatario y de sus abogados en el sentido de que consideran que tendría que beneficiarse de inmunidad en tanto que antiguo «jefe de Estado» de Panamá.
También estimó Maton que su puesta en libertad sería «impracticable incluso con control judicial», pues se correría el riesgo de fuga al extranjero.
El procedimiento contra Noriega en Francia se abrió en noviembre de 1989 a raíz de una investigación sobre fondos sospechosos que habían llegado a este país a varias cuentas a nombre de su mujer.
El Tribunal Correccional de París lo condenó el 1 de julio de 1999 a diez años de cárcel por blanquear dinero procedente de varias operaciones de narcotráfico.
Con ese dinero adquirió varias propiedades inmobiliarias en Francia, según dicha sentencia.
El abogado de la defensa, Pierre Metzner, anunció que recurrirán la decisión del encarcelamiento y reiteró la idea de que Noriega no puede ser juzgado en Francia y debe ser repatriado a Panamá.
«Noriega no tiene que ser juzgado en Francia porque fue presidente» de la República de Panamá, explicó Metzner, quien lamentó que el juez de las libertades y de la detención no hubiera sacado «todas las consecuencias del reconocimiento de su estatuto de antiguo jefe de Estado».
«Es una situación incomprensible en términos jurídicos», porque no respeta la Convención de Ginebra, y «vamos a iniciar todos los procedimientos posibles» para anularla, avanzó el letrado.
Por otro lado, según declaró en París a Efe el embajador panameño en esta capital, Henry Faarup, el Gobierno de Panamá se está planteando pedir formalmente a Francia la extradición de Noriega.
«Estamos evaluando interponer un recurso de extradición de Panamá ante el Gobierno francés» para que Noriega sea juzgado también por las causas pendientes en su país, aseguró el diplomático.
Será el próximo 12 de mayo cuando se planteará en una nueva audiencia la cuestión de la inmunidad de Noriega.
El abogado Metzner agregó que van a verificar que se cumplen las condiciones de detención en la prisión parisina de La Santé fijadas por la Convención de Ginebra.
El maratón judicial del ex dictador, pues, continúa ahora en Francia: comenzó cuando los marines invadieron Panamá en 1989, le apresaron y le entregaron a los tribunales estadounidenses, que le acusaron de colaborar con el cártel de Medellín en el tráfico de drogas.
Condenado en 1992 a 40 años de cárcel, su pena fue paulatinamente reducida hasta que finalmente acabó en 2007, tras haber pasado 17 años entre rejas.
Entonces comenzó un tira y afloja entre Francia y Panamá que solicitaban su extradición.
En su país de origen le condenaron en ausencia a 35 años de prisión por los asesinatos del líder opositor Hugo Spadafora y del mayor Moisés Giroldi.
Pero finalmente las autoridades estadounidenses decidieron entregarle a Francia, según sus abogados panameños, por la falta de celo de la clase política del país temerosa de que la llegada del antiguo hombre fuerte manchara sus nombres.
Incluso denuncian un acuerdo secreto entre París, Panamá y Washington para que Noriega fuera entregado a Francia, una concertación que rechazó confirmar hoy el Ministerio galo de Exteriores.
