Los trámites para las deportaciones de los cerca de 600 integrantes de la llamada «Flotilla de la Libertad» comenzaron en las últimas horas con la firma por medio centenar de arrestados de un documento de repatriación voluntaria por el que renunciaban al derecho de apelación ante la justicia israelí.
Israel deportará a partir de esta noche y en las próximas 48 horas a los cientos de activistas de la «Flotilla de la Libertad» que mantiene arrestados, informó en un comunicado la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu.
La decisión fue tomada tras la reunión del gabinete político-militar en consultas con los ministros de Interior, Eli Yishai, y Defensa, Ehud Barak, precisa la nota.
Las expulsiones serán efectuadas «inmediatamente» y «de acuerdo a los procedimientos establecidos por la ley».
«El cálculo es que serán completadas en aproximadamente 48 horas», concluye el breve comunicado, difundido el mismo día en que el Consejo de Seguridad de la ONU pidió «la inmediata liberación de los barcos y de los civiles retenidos por Israel«.
Se trata de los alrededor de 600 integrantes de la llamada «Flotilla de la Libertad», un grupo de barcos cargados con ayuda humanitaria con destino a Gaza que fue asaltado el pasado lunes en aguas internacionales por militares israelíes.
En la operación, los soldados israelíes mataron a nueve activistas, en su mayoría de nacionalidad turca, al sentir que sus vidas estaba en peligro, según la versión de las autoridades israelíes.
Los trámites para las deportaciones habían comenzado en las últimas horas con la firma por medio centenar de arrestados de un documento de repatriación voluntaria por el que renunciaban al derecho de apelación ante la justicia israelí.
La inmensa mayoría de los detenidos ha rechazado, en cambio, firmar la llamada «hoja de expulsión» y parte de ellos se encuentra en la cárcel Elá, en el sur del país.
Entre los activistas que quedarán en libertad se cuenta el caso de la chileno sueca Kimberly Soto Aguayo, quien firmó los documentos de repatriación que le permitirán salir del territorio hebreo.
«Puedo afortunadamente informar que esa persona, por decisión de las autoridades israelíes luego de estas gestiones, va a ser liberada en el día de hoy», dijo al respecto el ministro de Relaciones Exteriores,Alfredo Moreno, al dar cuenta de una serie de contactos con las autoridades israelíes para que la joven salga de la prisión a la que fue llevada a 200 kilómetros de Tel Aviv.
Moreno explicó que esta información se pudo obtener gracias a «gestiones de la Cancillería chilena con el embajador israelí en Chile como también a través de la embajada de Suecia», ya que Kimberly posee ambas nacionalidades.
El canciller señaló que al parecer la cientista política y voluntaria de la organización no gubernamental «Palestina-grupperna», «no tiene ningún tipo de daño» y ha podido mantener contacto con personal de la embajada sueca.
Kimberly ya había anticipado a través de su cuenta en la red social Facebook la posibilidad de un ataque a la flota humanitaria en la que se iba a embarcar, y en el que murieron al menos nueve personas.
«Gracias por apoyarnos y por todo. No olviden enviarme una tarjeta mientras estoy en prisión», escribió Soto.
El canciller anunció la pronta liberación de esta joven tras sostener hoy una reunión con la embajadora palestina en Chile, Mai Al Kaila, y con representantes diplomáticos de Argelia, Egipto, Irak, Siria, Líbano y Jordania, que buscaban expresar al gobierno chileno su repulsa al ataque israelí.
«Llamamos a toda la comunidad internacional a que actúe en contra de esta brutalidad que Israel está, desde 1948 hasta el momento, haciendo en contra del pueblo palestino», dijo Mai Al Kaila al término del encuentro.
Kimberly Soto Aguayo es hija de una víctima de la dictadura del fallecido general Augusto Pinochet. Su padre, Juan Ramón Soto Cerda, militante del Partido Socialista, fue asesinado por la CNI en noviembre de 1981, según consta en el Informe Rettig sobre violaciones a los derechos humanos elaborado en 1991.
Poco después, ella se exilió en Suecia, país que acogió a miles de víctimas del régimen militar, junto a su hermana y su madre, quien posteriormente falleció.
Kimberly Soto viajó recientemente a Chile para conocer el fallo por el homicidio de su padre, que se hizo público el 18 de marzo, según informó la periodista Lucía Sepúlveda, especialista en casos de violaciones de derechos humanos.
En esa condena de primera instancia, el juez Joaquín Billard impuso doce años de prisión a dos ex agentes de la CNI, y seis años de cárcel para otros dos antiguos miembros del temible organismo represor.
