La policía y el Ministerio Público no han entrado al pueblo de Uncía, ya que los «ayllus guerreros» (clanes indígenas) declararon «zona roja» la región, y el mismo Morales, de origen aimara, descartó imponer la ley con medidas policiales o militares.
Once días después del linchamiento de cuatro policías por indígenas del suroeste boliviano el Gobierno de Evo Morales no ha podido hacer nada al respecto, salvo suplicar sin éxito que los asesinos devuelvan los cadáveres, y el conflicto amenaza con extenderse indefinidamente.
Morales tardó una semana en enviar a Uncía, pueblo del norte de la provincia de Potosí, donde ocurrió el crimen, a dos ministros que intentaron pactar, al menos, la entrega de los cadáveres, pero volvieron a La Paz con las manos vacías.
La policía y el Ministerio Público no han entrado a Uncía, ya que los «ayllus guerreros» (clanes indígenas) declararon «zona roja» la región, y el mismo Morales, de origen aimara, descartó imponer la ley con medidas policiales o militares.
Los cadáveres de los agentes linchados fueron enterrados boca abajo para evitar que sus almas «persigan» a quienes les asesinaron, según las creencias de los lugareños, informó el Defensor del Pueblo, Rolando Villena.
«Las comunidades han admitido que hicieron justicia con sus manos. Tras haberlos torturado de la manera más cruel, los victimaron, pero no fueron quemados», dijo el Defensor, primer funcionario que llegó a la zona para solicitar que los ministros pudieran ir a reclamar los cuerpos.
Los indígenas mataron a los agentes sin fórmula de juicio, aplicando lo que llaman «justicia comunitaria», por creerles culpables de homicidios, robos y extorsiones, según dijeron después.
Los ministros de la Presidencia, Óscar Coca, y Gobierno, el ex defensor de derechos humanos Sacha Llorenti, fueron enviados por Morales a rogar a los linchadores que entregaran los cadáveres, pero la negociación terminó sin éxito ni fecha de reanudación.
Villena cree que la devolución de los cuerpos será «complicada», por la concepción de los indígenas «sobre la vida misma».
Agregó que los «ayllus guerreros» rechazan la investigación de los linchamientos y, por el contrario, exigen que se indague sobre presuntos asesinatos de indígenas cometidos por policías -según ellos- durante los últimos seis años.
La tolerancia de Morales en este y otros casos similares ha sido criticada por sectores que dicen que la «justicia indígena» que el mandatario aimara consagró en la constitución que promulgó en 2009 no puede dar lugar a linchamientos como el de Uncía.
El 26 de febrero de 2008 tres policías fueron torturados durante varias horas y después linchados por una turba de campesinos en Epizana, en el departamento de Cochabamba (centro), sin que hasta la fecha nadie haya sido juzgado.
Según dijo a Efe la diputada opositora Norma Piérola, la «justicia indígena» atañe a controversias comunitarias o conflictos internos, no a delitos mayores como secuestro u homicidio, ni es excusa para violar los derechos humanos.
Piérola también acusó a Morales de aplicar «toda la tolerancia» cuando los culpables son votantes suyos, como en Uncía, y «todo el rigor» de la ley si se trata de la oposición.
«No vamos a buscar ninguna intervención militar ni policial. Confiamos en algunos dirigentes indígenas y vecinos dispuestos a devolver los cuerpos por una cuestión humanitaria», declaró el martes Morales.
Justificó su actitud diciendo, en rueda de prensa en La Paz, que «no es toda la población, ni siquiera son todos los ayllus, sino que es alguna gente usada por los contrabandistas» la que se opone a entregar los cuerpos de los linchados.
Además, afirmó que el Ministerio Público debe investigar «de oficio» el linchamiento, pero también las denuncias de presuntas extorsiones y abusos de poder cometidos por los policías.
