Antonio Cadín y Víctor Ancalaf fueron los encargados de interponer la denuncia ante el organismo internacional con sede en Ginebra. En su presentación acusan a la administración de Sebastián Piñera de aplicar la Ley Antiterrorista «de forma sistemática», lo que permite mantener a los acusados en prisión preventiva durante dos años, impedir a los abogados defensores el acceso a la investigación y presentar testigos cuya identidad y rostro es protegido.
Un grupo de mapuches interpuso este lunes una demanda contra el Estado chileno ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la que argumentan ser víctimas de «constantes atropellos por parte del gobierno y de violencia policial».
El grupo, representado por Antonio Cadín y Víctor Ancalaf, denunció ante el organismo, con sede en Ginebra (Suiza), la actuación en el conflicto mapuche del Gobierno chileno, al que acusó de judicializar las demandas de esta etnia y de utilizar la justicia militar para procesar todas las causas mapuches.
Además, acusan al Gobierno de Sebastián Piñera de aplicar la Ley Antiterrorista «de forma sistemática», lo que permite mantener a los acusados en prisión preventiva durante dos años, impedir a los abogados defensores el acceso a la investigación y presentar testigos cuya identidad y rostro es protegido.
«Hemos estado denunciando todos los atropellos que ha habido contra los comuneros mapuches, los presos políticos y la violencia policial en contra de las comunidades de esta etnia», indicó a Radio Bío Bío Antonio Cadín.
Cadín también denunció la «represión policial» que viven los niños de las comunidades mapuches, que desde los años 90 mantienen en el sur de Chile un conflicto con empresas agrícolas y forestales por la propiedad de tierras que consideran ancestrales.
La esposa de Cadín, la dirigente mapuche Juana Calfuneo, se encuentra recluida en la cárcel de Temuco, a 670 kilómetros al sur de la capital chilena.
Además, Cadín tiene un hijo preso en Valdivia, también en el sur de Chile, imputado por posesión de material para fabricar explosivos, y una hija menor de edad auto exiliada en Suiza, debido a la supuesta persecución que sufre toda la familia.
Efe intentó sin éxito ponerse en contacto con Ancalaf y con Cadín, quienes se encuentran en Suiza.
Representantes del Observatorio Ciudadano, entidad que defiende los derechos de estas comunidades, sí confirmaron a Efe la presentación de esta demanda, aunque no pudieron dar más detalles sobre su contenido.
Por otra parte, hoy se cumple una semana de la huelga de hambre líquida indefinida que iniciaron 20 reos mapuches para exigir el fin de la aplicación de la Ley Antiterrorista y el trato igualitario en la justicia.
Cinco de los presos se encuentran internados en la cárcel de El Manzano de la ciudad de Concepción, a 515 kilómetros al sur de Santiago, y otros quince permanecen en el centro de detención de Temuco.
Las edades de los detenidos van desde los 25 a los 45 años y todos ellos se encuentran en prisión preventiva, algunos desde hace más de un año y medio, imputados por Ley Antiterrorista.
Por el momento, las autoridades no se han puesto en contacto con las familias de los presos, cuyo peso se ha reducido entre tres y seis kilogramos, informó una portavoz de los familiares.
En tanto, el Consejo de Todas las Tierras, una de las organizaciones de los mapuches, estudia la posibilidad de pedir la mediación de España para lograr la liberación de los «presos políticos» indígenas, tal como ha ocurrido en Cuba.
