Según reportes oficiales, las fuerzas de seguridad detuvieron a miles de sospechosos de participar en las protestas, incluidos monjes y monjas budistas, de los que varios centenares han desaparecido.
Más de 200 testimonios directos recogidos en el informe de una ONG arrojan nueva luz sobre la represión china en la región del Tíbet, incomunicada por el régimen comunista desde las protestas del 2008.
«Disparaban directamente a la gente, a cualquier tibetano que veían, muchos murieron», señaló a la ONG Human Rights Watch (HRW) una refugiada tibetana, Pema Lahkyi, de 24 años, al describir cómo el ejército chino reprimió a tiros las protestas de marzo del 2008 en Lhasa, la capital tibetana.
Este testigo, cuyo nombre es un pseudónimo, es uno de los 203 entrevistados por HRW, en su mayoría refugiados tibetanos y viajeros, y cuyas declaraciones fueron plasmadas en el informe «Lo vi con mis propios ojos: Abusos de las fuerzas de seguridad en el Tíbet 2008-2010», que contradice la versión oficial de Pekín.
El régimen chino sostiene que el 14 y 15 de marzo murió una veintena de civiles y cientos resultaron heridos, en su mayoría chinos, por tibetanos violentos y que el ejército contuvo según estándares internacionales las protestas, en las que miles de monjes y civiles pedían libertad religiosa y el fin de la represión.
A pesar de esta aseveración, Pekín ha impedido que el alto Comisionado de Derechos Humanos y relatores de la ONU lo comprobaran con sus propios ojos, al igual que periodistas que lo han solicitado, y sólo ha permitido escasas visitas de grupo bajo su estricto control.
En el informe de HRW, testigos describen cómo los militares chinos mataron a tibetanos en al menos cuatro altercados.
Los soldados «empezaron a disparar de forma indiscriminada. Vimos cómo los disparos alcanzaban a dos personas. Una murió en la puerta del hospital Mentsikhang, cuando una bala le alcanzó en el costado derecho, a la altura de los riñones», señala Pema, quien añade que los hospitales tenían orden del gobierno de no atender a nadie.
Otros describen cómo, tras el tiroteo, el ejército retiró los cadáveres en camiones, lo que la ONG considera que es la base de los persistentes rumores en Lhasa que aseguran que los soldados eliminaron de inmediato los cuerpos de los tibetanos para dejar sólo los de los chinos y justificar así el uso de la fuerza.
Según informes oficiales, las fuerzas de seguridad detuvieron a miles de sospechosos de participar en las protestas, incluidos monjes y monjas budistas, de los que varios centenares han desaparecido.
Según dijo a Efe Nicholas Bequelin, investigador para Asia de HRW, con sedes en Hong Kong y Nueva York, el informe busca responder a la pregunta de «¿qué es lo que Pekín quiere ocultar manteniendo el altiplano tibetano cerrado durante tanto tiempo?»
Por este motivo, la organización no ha recurrido a la información proveniente de grupos tibetanos en el exilio, que hasta ahora han mantenido que las protestas de su etnia fueron «pacíficas», cuando testigos indican lo contrario.
Además, se ha centrado en la actuación de las fuerzas de seguridad, que según el documento de 72 páginas, «hicieron un uso desproporcionado de la fuerza y actuaron con deliberada brutalidad durante y después de las inusuales protestas que se iniciaron el 10 de marzo de 2008».
Las violaciones de derechos humanos documentadas por estos testigos incluyen desapariciones, sentencias erróneas, persecución de familiares, arrestos masivos y arbitrarios y tortura de detenidos.
«Había hasta 30 detenidos en celdas de tres o cuatro metros cuadrados», aseguró uno de ellos, el monje Rinchen Namgyal, de 33 años y de la lamaserÌa de Ganden. «No había espacio para sentarse, estaban de pie día y noche. Las celdas no tenían baños, hacían sus necesidades allí mismo. A muchos los golpeaban».
Con estas y otras torturas los funcionarios buscaban extraer la confesión de que las protestas habían sido organizadas por «la camarilla del Dalai Lama», el líder espiritual tibetano exiliado en la India en 1959 tras una rebelión fallida contra el régimen de Mao Zedong, cuyas tropas entraron en la región en 1949.
La represión posterior a las revueltas étnicas afectó también a las provincias chinas colindantes con la región autónoma, en la que habita la mitad de los casi 7 millones de tibetanos: Qinghai, Sichuan, Gansu y Yunnan.
Sophie Richardson, directora para Asia de HRW, recuerda «la necesidad de una investigación internacional en el Tíbet», donde «los abusos de las fuerzas de seguridad no van a remitir, sino que están empeorando las prolongadas quejas que desataron la protesta».
