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Argentina y Uruguay ponen punto final a controversia por papeleras

por 28 julio 2010

Argentina y Uruguay ponen punto final a controversia por papeleras
El acuerdo prevé la "utilización de sensores y todas las otras innovaciones científicas y tecnológicas que las partes acuerden necesarias para el monitoreo de los efluentes líquidos y las emisiones gaseosas que puedan acceder al río Uruguay".

Argentina y Uruguay sellaron este miércoles un acuerdo para el control ambiental conjunto al río que marca su frontera común, pacto que pone punto final a una controversia diplomática iniciada hace siete años por la instalación de papeleras en la ribera uruguaya.

Esto, luego de la reunión de la mandataria trasandina Cristina Fernández con su par uruguayo José Mujica que se prolongó por más de dos horas y que se llevó a cabo en la residencia presidencial argentina, en las afueras de Buenos Aires.

Los cancilleres de ambos países, el argentino Héctor Timerman y el uruguayo Luis Almagro, fueron los encargados de anunciar en rueda de prensa este acuerdo, que incluye la realización de controles científicos al río Uruguay.

"Con esto se cierra un capítulo de nuestra historia y comienza otro, que es el de la cooperación, con el control medioambiental del río Uruguay y sus zonas de influencia", destacó Timerman, quien aseguró que ese recurso fluvial "se convertirá dentro de muy poco en la primera frontera con un total y absoluto control medioambiental".

El conflicto se inició en octubre de 2003 cuando Montevideo autorizó, sin consultar a Argentina, la instalación en la localidad ribereña de Fray Bentos de una planta de la española ENCE, empresa que finalmente desistió de concretar el proyecto industrial por la controversia desatada.

Sin embargo, Uruguay autorizó la radicación en Fray Bentos de una planta de la finlandesa Botnia, que comenzó a producir pasta celulosa a finales de 2007 y que luego fue adquirida por la también finlandesa UPM.

La actividad de Botnia fue fuertemente resistida por vecinos y ambientalistas de la ciudad argentina de Gualeguaychú, quienes en noviembre de 2006 iniciaron un bloqueo al puente que les une a Fray Bentos, corte que levantaron recién el pasado 19 de junio para permitir que los Gobiernos de los dos países negociaran un acuerdo de control ambiental.

Almagro destacó que el pacto alcanzado hoy es el fruto del trabajo "de las dos Cancillerías y de los equipos de medio ambiente, aunque en definitiva han sido los dos presidentes los que han dado la impronta final".

La controversia bilateral llegó a límites tan álgidos que en 2006 Argentina denunció a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Ese tribunal determinó en abril pasado que Uruguay violó el tratado bilateral de administración compartida del río al permitir, de forma unilateral, la instalación de la papelera de Botnia, pero consideró que no está demostrado que la planta contamine, aunque instó a ambos países a hacer controles conjuntos.

Según el texto del acuerdo, el monitoreo "comenzará con la planta de UPM y la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay", seguirá en Argentina con un establecimiento a elección de Uruguay y a partir de entonces continuará alternativamente en uno y otro país.

Los controles serán realizados por un comité científico, integrado por dos expertos argentinos y otros dos uruguayos, que se creará en un plazo de 30 días en el seno la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), organismo integrado por los dos países.

El acuerdo prevé la "utilización de sensores y todas las otras innovaciones científicas y tecnológicas que las partes acuerden necesarias para el monitoreo de los efluentes líquidos y las emisiones gaseosas que puedan acceder al río Uruguay".

Además, el comité hará controles en los establecimientos agropecuarios, las plantas industriales y los asentamientos urbanos ubicados en las costas.

Cuando se realicen en el margen derecho, los controles correrán por cuenta de Argentina, y cuando sean en el margen izquierdo correrán por cuenta de Uruguay, según lo acordado por los mandatarios.

En los establecimientos industriales y agropecuarios los expertos podrán ingresar hasta doce veces al año.

Los resultados del comité científico "serán elevados por la CARU al Estado parte correspondiente a los fines de que implementen las acciones que resulten pertinentes", indica el acuerdo, que añade que "la información que se obtenga de estos controles será pública, respetando los tiempos científicos".

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