La medida fue autorizada a solicitud de Jorge Mera, director de Gendarmería de la región del Bío Bío e incluye a cinco reclusos de la cárcel ‘El Manzano’, de Concepción y a otros tres recluidos en la cárcel de la ciudad de Lebu.
La Corte de Apelaciones de Concepción autorizó a Gendarmería la alimentación por la fuerza de ocho de un total de 32 presos mapuches que mantienen una huelga de hambre desde hace más de 40 días, informaron este martes fuentes carcelarias.
La medida fue autorizada por solicitud de Jorge Mera, director de Gendarmería de la región del Biobío e incluye a cinco reclusos de la cárcel El Manzano, de Concepción, y a otros tres recluidos en la cárcel de la ciudad de Lebu, que se unieron al ayuno diez días después de iniciado.
Adolfo Montiel, abogado de los ocho mapuches, sostuvo hoy que el fallo de la Corte no es claro y afirmó que Gendarmería no está facultada a valerse de la fuerza para alimentarlos contra su voluntad.
«En realidad lo que la Corte ha dicho es que la huelga de hambre potencialmente atenta contra la vida de los comuneros y se autoriza a Gendarmería a tomar todas las medidas necesarias, pero no se habla de la fuerza para obligarlos a alimentarlos contra su voluntad», apuntó en declaraciones a radio Cooperativa.
Montiel anunció que recurrirá la resolución ante la Corte Suprema, pues a su juicio unirse a la huelga de hambre es un derecho de los reclusos.
«Si hay uso de la fuerza podemos recurrir de amparo a un tribunal, pero Gendarmería no esta facultada para utilizar la fuerza contra la voluntad de los comuneros», insistió y añadió que sus defendidos, que llevan 30 días de ayuno, no están en una situación de riesgo vital que justifique el uso de la fuerza para alimentarlos.
El tribunal de alzada autorizó a Gendarmería a utilizar la fuerza para alimentar a los presos, incluso en caso de existir negativa por parte de los mapuches, para garantizar su vida.
Si la situación fuera de urgencia, los gendarmes fueron autorizados a suministrar medicamentos a los presos, aun contra su voluntad e ingresarlos en un centro asistencial.
El pasado 12 de julio los mapuches, que se consideran presos políticos y que están procesados o condenados por delitos relacionados con el conflicto que algunas comunidades mantienen por reclamaciones de tierras, iniciaron la huelga de hambre contra la aplicación de la ley antiterrorista en sus casos.
En este sentido, el defensor de los ocho mapuches espera que el Tribunal Oral de Cañete, en la provincia de Arauco, descarte la aplicación de esta ley contra sus clientes.
Juzgarlos por la ley antiterrorista «fue una decisión del Ministerio Público, pero la aplicación o no dependerá del Tribunal Oral de Cañete, si estima si los delitos que habrían cometido son o no terroristas», puntualizó.
La Fiscalía ha justificado ese tratamiento, que supone penas más duras, sobre la base de la presencia en La Araucanía de una asociación ilícita terrorista, cuyos integrantes supuestamente han sido entrenados por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los demás presos en ayuno permanecen en las cárceles de las ciudades de Temuco, Angol y Valdivia.
Este lunes, una veintena de dirigentes mapuches ocuparon pacíficamente las dependencias de la radio Bío Bío, en Santiago, para pedir el fin del «silenciamiento» y el «ocultamiento» de la huelga de hambre que mantienen los presos.
A su juicio, el Estado chileno ha impuesto un «cerco de comunicación», en conjunto con los medios de prensa del país, para mantener a la opinión pública desinformada respecto del conflicto.
«Lo que estamos pidiendo y exigiendo es la libertad de informar. Que paren de hacer creer a la gente que nuestro pueblo es terrorista, que muestren la realidad como es, que se rompa el cerco comunicacional que han hecho con nosotros», dijo la dirigente Olga Trai Plantileo.
