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Fiscalía de Roma investiga más operaciones ilegales del Banco del Vaticano

por 20 octubre 2010

Fiscalía de Roma investiga más operaciones ilegales del Banco del Vaticano
Según informaron hoy los medios de comunicación italianos, las nuevas operaciones que está investigando la fiscalía romana también serían relativas a un supuesto delito de lavado de dinero.

La Fiscalía de Roma está investigando nuevas supuestas operaciones ilegales del Instituto para las Obras de la Religión (IOR), conocido como el Banco del Vaticano, además de las relativas a los 23 millones de euros del posible delito de lavado de dinero que ya salieron a la luz hace unas semanas.

Según informaron hoy los medios de comunicación italianos, las nuevas operaciones que está investigando la fiscalía romana también serían relativas a un supuesto delito de lavado de dinero.

En detalle, las pesquisas se refieren a 300.000 euros depositados en una cuenta del IOR, abierta en el banco italiano Unicredit en noviembre de 2009, y a una retirada de fondos por valor de 600.000 euros de una cuenta de la entidad Intesa San Paolo.

Por otro lado, un Tribunal de Roma desestimó hoy la petición del IOR de desbloquear los 23 millones de euros, que la fiscalía había ordenado incautar ante el posible delito contra las normativas europeas del lavado de dinero negro por no haber comunicado a las autoridades italianas los nombres de dos clientes que ingresaron esta cantidad.

El Vaticano comunicó su "estupor" por esta decisión, así como consideró que "se trata de un problema interpretativo y formal, y que los responsables del IOR aclararán lo antes posible este asunto en las sedes competentes", según una nota del portavoz de la oficina de prensa de la Santa Sede, el jesuita Federico Lombardi.

Por estos delitos, están siendo investigados el director del Banco Vaticano, Ettore Gotti Tedeschi, ex presidente del Santander Consumer Bank, la división italiana del Grupo Santander; y el director de la entidad vaticana Paolo Cipriani.

El delito de lavado de dinero negro, que responde en Italia a las normas comunitarias, implica multas de entre 5.000 y 500.000 euros y penas de reclusión entre los seis meses y un año.

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