En dichos documentos se cifra en 85.000 dólares la suma ofrecida por cada preso.
El ministro español de Justicia, Francisco Caamaño, negó hoy que Estados Unidos ofreciera entregar a España una cantidad de dinero por acoger a presos de Guantánamo, como se asegura en los documentos filtrados por la web Wikileaks y publicados por el diario español El País.com.
En dichos documentos se cifra en 85.000 dólares la suma ofrecida por cada preso.
«Según la información que tengo, eso es absolutamente falso, es rotundamente falso que se haya ofrecido cantidad alguna en ese tema», dijo Caamaño durante una conferencia de prensa.
El titular de Justicia defendió la actuación de los fiscales y en concreto del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y de Vicente González Mota, quienes -según los mismos documentos- recibieron presiones de EEUU para «frenar» las causas judiciales en España contra políticos y militares norteamericanos.
En los documentos se citan expresamente los casos abiertos por la muerte del cámara de televisión José Couso en Irak, los vuelos de la CIA o las torturas en Guantánamo.
Caamaño señaló que todas las decisiones de los fiscales, en concreto a los que se hace referencia, «no pueden ser más claras y transparentes», y recordó que todas sus actuaciones se adoptan en un proceso documentadas y «siempre fundadas y argumentadas en derecho».
También dijo que los documentos de Wikileaks son una información de parte, basada en valoraciones subjetivas que se permiten en entornos discretos y que ahora «se descontextualizan», lo que a su juicio afecta a todas sus eventuales interpretaciones.
En este sentido, aseguró que «personalmente» no le consta la existencia de presiones por parte de la Administración estadounidense y subrayó que lo que sí le consta es la existencia de unas «muy buenas relaciones» entre Estados Unidos y España, «como no puede ser de otro modo entre dos países amigos que además tienen muchos intereses en común».
El ministro tampoco tiene constancia de que EEUU se haya puesto en contacto con las autoridades españolas después de que el Tribunal Supremo haya ordenado reabrir el caso sobre la muerte de José Couso, aunque enmarcó en la normalidad que Estados Unidos se interese por el estado de las causas judiciales que le afectan.
En este sentido, señaló que tanto EEUU, como cualquier otro país, incluido el Gobierno de España, cuando existe algún proceso que le puede afectar en el exterior necesita tener información sobre el mismo y su deber es interesarse y saber cómo está la situación para tomar las decisiones que dentro de sus competencias cada uno pueda adoptar.
