La ONG sugiere un debate público continental sobre derechos humanos para presionar a los gobiernos que no respetan a sus ciudadanos.
En su Informe Mundial sobre la situación de derechos humanos en el 2010, la organización Human Rights Watch (HRW) pidió a las democracias occidentales dejar de «tratar con guantes de seda» a los gobiernos que abusan de sus ciudadanos.
HRW asegura que EE.UU. y los socios de la Unión Europea han sido «condescendientes» y hasta «cobardes» con los gobiernos de Uzbekistán, Turkmenistán, Ruanda y Etiopía, así como con China y Rusia.
La organización cuestiona que la «diplomacia silenciosa» que los gobiernos occidentales dicen preferir usar para atacar los problemas de derechos humanos no estaría funcionando.
BBC Mundo le preguntó a José Miguel Vivanco, director para América de HRW, cuál debería ser la estrategia, sobre todo en los países de América Latina que identifican como problemáticos en el informe.
¿Qué sugieren que hagan esos países democráticos a los que están criticando en este informe?
«Que en lugar de automáticamente preferir el camino más fácil, el de las reuniones privadas y el diálogo con autoridades que violan derechos humanos bajo reserva, mida el impacto que ese tipo de estrategia pueda tener en materia de derechos humanos. Y que cuando ellos logren constatar que el estado que viola estos derechos no demuestra ninguna voluntad política en abordar los problemas de fondo en materia de derechos humanos, utilicen otro tipo de estrategia.
En particular la condena pública, el escrutinio público, que busque maneras de vincularse con esos estados pero condicionando sus relaciones diplomáticas y políticas a mejorías concretas en derechos humanos».
¿Pero la vía de la confrontación no podría ser contraproducente? Porque la experiencia indica que países con regímenes totalitarios usan ese tipo de agresiones externas, como las presentan ellos, para lograr el apoyo popular y hasta justificar el mayor control social.
Entiendo perfectamente la manipulación que puede hacer un régimen autoritario de la crítica internacional para invocar la carta nacionalista. Es una práctica habitual en estos ámbitos para movilizar apoyos sobre la base de una lucha desigual entre los locales y la comunidad internacional. Eso lo hacía Pinochet todos los días en Chile, confundiendo además al gobierno con el país.
Nosotros no proponemos que esa sea la única vía para influir en derechos humanos, pero si nos preocupa que se siga actuando sobre la base de unas premisas de diplomacia silenciosa como la única alternativa posible, a pesar que los resultados demuestran porfiadamente que no hay progresos, que no hay cambios.
En el caso de de América Latina, ¿qué cosas no está haciendo quién y en qué casos?
Nosotros quisiéramos que países como México, Brasil, Cuba, Colombia, Venezuela, Guatemala, y no sólo Haití, sean objeto de una discusión y un debate público, ya sea en EE.UU. en Europa o en el resto de la región frente a los problemas más graves que se padecen en derechos humanos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. Desgraciadamente eso no lo vemos.
Yo me atrevería a decir que el caso que merece una discusión regional y ojala más global no es sólo Cuba y Venezuela, también alcanza a otros países como Colombia, que mientras duró acá (en EE.UU.) la administración (del presidente George) Bush se le presentó como un modelo, a pesar de las gravísimas violaciones en materia de derechos humanos.
¿Estaría en manos de las cancillerías promover la discusión? ¿O sería un asunto de foros hemisféricos?
Se pueden promover bilateralmente o multilateralmente. Las alternativas son múltiples, lo importante es que no esquivemos esa discusión.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, asomó la posibilidad de discutir sobre la calidad de la democracia en Venezuela, pero parece haberse replegado por la reacción del gobierno venezolano y por el poco apoyo que parece haber encontrado en el resto de la comunidad iberoamericana.
Creo que las declaraciones del secretario general fueron positivas y fueron una de las razones por las que el presidente Chávez temporalmente ofreció un arreglo y dio muestras de estar dispuesto a reducir el período de esas facultades extraordinarias. Aunque recientemente se retractó y volvió a defender esas facultades.
Pero creo que justamente esto demuestra que el debate público sobre estas materias, que debe continuar en la OEA, en el caso de Venezuela pero también de otros países de la región, es el que permite un llamado de atención a estos países mostrando que sus prácticas internas pueden y deben ser objeto de una discusión más allá de sus fronteras.
