Se trata de los tres ejecutivos que fueron cesados después que la Comisión Fiscalizadora difundiera un informe en el que denunciaba «extremas irregularidades y debilidades de control» en la compañía donde participan el Estado argentino y los grupos multimedia Clarín y La Nación.
Un juez argentino ordenó este lunes a Papel Prensa, la única fabricante de papel para periódicos del país, que reincorpore a tres representantes del Estado que habían sido apartados de su cargo, en medio de la disputa que el Gobierno mantiene con los dos grupos multimedia más importantes del país.
El juez en lo comercial Eduardo Malde hizo lugar a una medida cautelar ordenada por la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo regulador del mercado local de capitales, y solicitó que Beatriz Paglieri, Eduardo Omar Gallo y Pablo Aldo Cerioli sean restituidos, según informó el director de la CNV, Alejandro Vanoli, a la agencia estatal Télam.
Vanoli adelantó que el organismo va a analizar todas las decisiones adoptadas por el directorio de la empresa desde que los tres representantes del Estado fueron apartados de su cargo, en agosto pasado.
Los tres directores estatales fueron cesados después de que la Comisión Fiscalizadora de Papel Prensa difundiera un informe en el que denunciaba «extremas irregularidades y debilidades de control» en la compañía participada por el Estado argentino y los grupos multimedia Clarín y La Nación.
En diciembre, un tribunal de alzada de Buenos Aires expulsó también como representante estatal en la empresa al secretario argentino de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por varios actos de «agresión y violencia física» que el polémico funcionario había protagonizado en los meses anteriores, como ingresar con guantes de boxeo para boicotear una asamblea de accionistas.
El Gobierno mantiene un fuerte pulso con Clarín y La Nación por el control de Papel Prensa, que se recrudeció el pasado septiembre, cuando el Estado presentó una querella por la supuesta apropiación ilegal de la firma por parte de los dos principales diarios del país durante la última dictadura militar (1976-1983).
El pasado mes de abril, la Unidad Fiscal Federal de La Plata calificó como «crimen de lesa humanidad» los hechos que rodearon la transferencia de acciones de Papel Prensa.
Por pedido de la Unidad Fiscal, el magistrado que estaba a cargo de la causa, el juez federal de La Plata Arnaldo Corazza, se declaró la semana pasada incompetente y le devolvió el expediente a su colega de Buenos Aires Daniel Rafecas.
Clarín, que forma parte del grupo homónimo, el mayor multimedia de Argentina, y La Nación, han rechazado tajantemente los cargos y denunciado que son víctimas de un ataque del Gobierno contra la libertad de prensa e información.
El capital de Papel Prensa se reparte entre el grupo Clarín (49 %), el Estado (27,46 % de forma directa y 0,62 % a través de la agencia Télam) y La Nación (22,49 %), con un 0,43 % en manos de terceros.
