El escándalo de las interceptaciones telefónicas de News of the World en el Reino Unido recuerda casos con acusaciones similares recientes en Argentina y Colombia. ¿Fueron las consecuencias parecidas?.
El escándalo de las escuchas ilegales que en estos momentos sacude al Reino Unido podría tener graves repercusiones en éste y otros países, pero no ha sido el único.
Basta recordar que un escándalo de escuchas ilegales provocó la renuncia de un presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, en 1974.
De hecho, varios comentaristas, incluido Carl Bernstein, uno de los dos periodistas del Washington Post que más contribuyeron a desenredar la madeja del Watergate, han establecido paralelos entre ambos.
En América Latina también se desataron por lo menos dos escándalos recientemente -en Argentina y Colombia- vinculados a presuntas escuchas ilegales.
BBC Mundo lo invita a explorar cómo éstos se originaron y qué consecuencias han tenido o podrían tener.
En Argentina, el actual jefe de gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, está siendo enjuiciado por presuntas escuchas ilegales.
Un juez lo señaló de ser parte de una red ilegal de espionaje dirigida desde el gobierno de la capital.
El cargo que enfrenta es de «asociación ilícita».
Entre los afectados se encontraban conocidos empresarios e incluso un abogado que representa a las víctimas del atentado de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994, en el que murieron más de 80 personas.
Fue justamente el representante legal de la AMIA quien destapó el caso al recibir una alerta anónima.
El presunto espionaje era llevado a cabo por un hombre llamado Ciro James, mientras ocupaba las filas de una unidad clandestina de inteligencia dentro de la policía de la ciudad.
El escándalo llevó a la renuncia del entonces ministro de Educación de Buenos Aires, Mariano Narodowski, quien había contratado a James.
Macri afirma que el caso es una persecución política, ya que fue iniciada por el juez Norberto Oyarbide, de quien afirma tiene vínculos con la Casa Rosada.
Además, el jefe de gobierno porteño acusó a James de ser un «infiltrado» en las fuerzas de seguridad.
El caso comenzó a mediados de 2010 y aún no ha tenido sentencia.
El principal escándalo por escuchas ilegales de Colombia fue destapado por la revista Semana en febrero de 2009.
En esa oportunidad la revista reveló que, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, funcionarios del servicio secreto grababan regularmente conversaciones de personalidades críticas del gobierno «para mantener informada a la Presidencia», según el testimonio de uno de los agentes involucrado en la operación.
La lista incluía a periodistas, políticos de oposición y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que investigaban los vínculos entre grupos paramilitares y varios políticos cercanos al exmandatario.
Y eventualmente se conoció que las «chuzaDAS -como fue bautizado el escándalo, originado en el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS- también habían alcanzado a algunos de los ministros de su gabinete, incluyendo al entonces titular de la cartera de Defensa, el actual presidente Juan Manuel Santos.
Varios de los afectados se declararon convencidos de que las escuchas habían sido ordenadas por el propio Uribe, quien está siendo investigado por el Congreso en relación con la operación.
Pero el exmandatario siempre negó cualquier conocimiento de la misma y llegó incluso a afirmar que él también había sido «interceptado» por el DAS.
Uribe, sin embargo, también se dijo dispuesto a aceptar la responsabilidad jurídica y política por el escándalo, por el que la fiscalía acusó, en mayo de este año, a dos cercanos colaboradores: su ministro de la Presidencia, Bernardo Moreno, y la exjefa de la DAS, María del Pilar Hurtado.
Hurtado actualmente se encuentra asilada en Panamá pero con orden de captura internacional y Moreno niega todos los cargos.
Entre los arrestados por el escándalo figuran varios exfuncionarios del DAS, entre los que se destacan el exsubdirector de la institución, Miguel Ángel Nárvaez, y el exsubdirector de análisis, Gustavo Sierra.
Y esta semana la Corte Suprema de Justicia ordenó casa por cárcel para la senadora Nancy Patricia Gutiérrez, por haber utilizado información obtenida vía las «chuzadas del DAS».
