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Justicia francesa investiga a Lagarde por «complicidad en el desvío de bienes públicos»

La economista arriesga una pena máxima de diez años de cárcel. Inicialmente, la Fiscalía la había acusado de un delito de abuso de autoridad, cuya pena máxima es muy inferior. A través de su abogado, Yves Repiquet, aseguró que este caso no afectará a su labor al frente de la institución financiera internacional, y reiteró su inocencia.


La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, será investigada en por su papel en la millonaria indemnización acordada al empresario Bernard Tapie en 2008, cuando era ministra de Economía, según decidió este jueves la Corte de Justicia de la República (CJR) francesa.

Apenas un mes después de haber asumido en Washington el cargo que dejó vacante su compatriota Dominique Strauss-Kahn, acusado de agresión sexual por una empleada de hotel, Lagarde se ve envuelta en un asunto turbio que amenaza con ensuciar su reputación.

A través de su abogado, Yves Repiquet, la ex ministra aseguró que este caso no afectará a su labor al frente de la institución financiera internacional, y reiteró su inocencia.

Lagarde será acusada de un delito de «complicidad en falsificación» y de «complicidad en el desvío de bienes públicos», según anunció la Fiscalía del Tribunal Supremo, delitos por los que puede ser condenada a una pena máxima de diez años de cárcel y 10.000 euros de multa.

Inicialmente, la Fiscalía había acusado a Lagarde de un delito de abuso de autoridad, cuya pena máxima es muy inferior.

La CJR autorizó la apertura de una investigación sobre la presunta influencia ejercida por Lagarde en la atribución de una indemnización de 285 millones de euros al empresario Bernard Tapie por la venta de Adidas, una de sus empresas embargadas a mediados de la década de los 90. La entonces ministra de Economía de Francia decidió que el monto de esa indemnización fuera fijado por una comisión de arbitraje privada y no por los tribunales.

Le reprochan además que no recurriera la elevada indemnización acordada, que con los intereses se acerca a los 400 millones de euros, suma que el Estado debe pagar a Tapie, empresario estrella en la década de los años 80 y ex ministro de Urbanismo de François Mitterrand, cuyo imperio fue embargado por diversas irregularidades. Tras un breve paso por la cárcel, Tapie denunció que una de las compañías que le confiscaron, el fabricante de material deportivo Adidas, fue vendida en 1993 por un valor muy inferior al real. La venta la hizo el banco Crédit Lyonnais, entonces público, motivo por el cual Tapie denunció al Estado.

En 2008 los tribunales le dieron la razón y fue entonces cuando Lagarde decidió formar la comisión de arbitraje para fijar la indemnización a la que tenía derecho el empresario.

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