La agencia oficial de noticias Xinhua informó hoy que la enmienda fue presentada ante el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP), principal órgano de aprobación de leyes.
El mayor órgano legislativo de China inició hoy la enmienda del Procedimientos del Código Penal con el fin de que los jueces rechacen confesiones obtenidas mediante tortura o violencia, una práctica muy extendida en el país asiático según informes de la ONU y de grupos de derechos humanos.
Según el borrador, «los fiscales deberán investigar las acusaciones de obtención de evidencias a través de métodos ilegales», o garantizar que los interrogatorios se llevan a cabo en centros de detención, entre otras medidas, de lo contrario los responsables «serán encausados como criminales».
El documento propone también que los interrogatorios sean grabados con vídeo para delitos penales graves, una medida que fue propuesta por miembros del plenario de la ANP en 2006, meses después de que el relator de la ONU contra la tortura señalara tras una visita a China que esta práctica era «muy frecuente».
El nuevo borrador estipula también el derecho del detenido a reunirse con su abogado en un plazo de 48 horas y sin vigilancia, un extremo que en teoría está recogido en la Ley de Abogados de China.
Otra de las novedades es la posibilidad de que los familiares testifiquen en un juicio y que declinen la obligación de atestiguar contra el abogado.
Según Chen Weidong, académico de la Universidad Popular de China, estos aspectos «están en línea con la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También aplica el principio de ‘presunción de inocencia’ que recoge la teoría legal».
China, que dice ser un Estado de Derecho, firmó el mencionado convenio en 1998 pero no lo ha ratificado, lo que exigiría al régimen del Partido Comunista responsabilidades en sus violaciones de los derechos fundamentales.
La enmienda cubre 99 artículos sobre obtención de pruebas, medidas forzosas, sistema de defensa, métodos de investigación y procedimientos especiales.
China es el país que más sentencias de muerte dicta al año, unas 5.000, según un informe de la organización Amnistía Internacional (AI), aunque este año redujo el número de delitos susceptibles de ser castigados con la pena capital desde 68 hasta 55.
A pesar de estas medidas, la tortura y otras violaciones de los derechos de los detenidos han marcado la campaña de detenciones que Pekín lleva a cabo desde febrero para frenar una posible «Primavera Árabe» en su territorio, calificada como la más grave en décadas.
La campaña se ha saldado con acoso, detención y torturas a centenares de disidentes, abogados, intelectuales y artistas, entre ellos el famoso creador conceptual Ai Weiwei, cuya familia denunció torturas psicológicas durante su encierro de tres meses.
Además de Ai Weiwei y, según el último informe de la ONG Chinese Human Rights Defenders (CHRD), uno de los abogados detenidos en esta campaña, Liu Shihui, de Guangzhou, confesó en junio tras su liberación haber padecido torturas, mientras que el escritor Hu Di se encuentra retenido en un centro psiquiátrico.
Otros famosos activistas que han denunciado torturas durante sus detenciones son el abogado de derechos humanos Gao Zhisheng, candidato al Premio Nobel de la Paz y desaparecido desde hace más de dos años, o la también candidata al galardón, Rebiya Kadeer, hoy exiliada, que explica en su autobiografía cómo la obligaban a escuchar los gritos de otros presos cuando eran torturados. EFE
