Un informe de Human Rights Watch documenta violaciones a derechos humanos de las que acusa a las fuerzas de seguridad de México.
En la guerra contra y entre carteles del narcotráfico, las fuerzas de seguridad de México han cometido «extensas» violaciones a derechos humanos, y prácticamente ninguna ha sido investigada adecuadamente, concluye un informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) presentado este miércoles.
El documento, llamado Ni Seguridad ni Derechos, ejecuciones, desapariciones y tortura en la «guerra contra el narcotráfico en México», contiene evidencias que sustentan «fuertemente» la participación de militares y policías en 170 casos de tortura, 39 desapariciones forzadas y 24 ejecuciones extrajudiciales.
HRW advierte que la estrategia de seguridad pública del gobierno del presidente Felipe Calderón ha fracasado.
«No sólo no ha logrado reducir la violencia, sino que además ha generado un incremento drástico de las violaciones graves de derechos humanos que casi nunca se investigarían adecuadamente», señala.
«Es decir, en vez de fortalecer la seguridad pública en México la «guerra» desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, caos y temor en muchas partes del país».
El informe se entregó al mandatario mexicano este miércoles, y está previsto que se presente a representantes del Poder Judicial y miembros del Congreso.
Hasta ahora las autoridades no han emitido comentarios sobre el documento.
El informe es resultado de dos años de investigación en los estados de Baja California, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tabasco, donde según Human Rights se ha documentado la práctica sistemática de torturas de las fuerzas de seguridad para obtener información sobre grupos delictivos.
«No constituyen hechos aislados», advierte el documento. «Se trata, por el contrario, de ejemplos de prácticas abusivas que son endémicas en la actual estrategia de seguridad pública».
Una parte central del problema es que no se investigan los abusos, ni tampoco se investigan los homicidios durante la guerra contra el narcotráfico.
La Procuraduría (fiscalía) General de la República sólo consigue presentar ante el juez a 25 de cada 100 detenidos por delitos federales, según el gubernamental Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi).
Y de éstos, obtiene sentencia condenatoria en apenas 16 juicios.
El informe de HRW dice que casi ningún homicidio cometido en la guerra contra carteles se ha investigado, un asunto que se agrava ante las denuncias por violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad.
«La gran mayoría de las denuncias de violaciones de derechos humanos nunca son investigadas adecuadamente y prácticamente no se juzga ninguno de los homicidios que se presumen vinculados al narcotráfico».
No es la primera vez que una organización de derechos humanos señala a las fuerzas de seguridad mexicanas de cometer abusos en la lucha contra la delincuencia.
De hecho, la independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido más de 5.000 quejas contra la actuación de militares.
De éstas sólo 79 han derivado en recomendaciones, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Unos 233 militares han sido enjuiciados por estas quejas.
Ante los señalamientos, los mandos militares reiteran el respeto a los ciudadanos en sus acciones, como lo dijo recientemente el secretario de Marina, Francisco Saynez.
«Los derechos humanos son materia incuestionable en el proceder de cualquier gobierno democrático», dijo ante el presidente Calderón.
«Aún ante la inmisericordia e irracionalidad de los criminales, es obligación del Estado el respeto a cabalidad de los derechos humanos, pues no se requiere violar la ley para hacerla cumplir».
HRW afirma que el discurso, repetido además por el presidente Calderón, contradice la actuación cotidiana de las fuerzas de seguridad.
«Por una parte ha reconocido a los derechos humanos como la premisa mayor de la estrategia de su gobierno contra la delincuencia organizada, y por otra parte ha expresado su disgusto ante denuncias ´que no son ciertas´ de abusos cometidos por militares».
«Estas afirmaciones fácticas efectuadas por Calderón y otras autoridades estarían justificadas si se basaran en investigaciones rigurosas y objetivas».
HRW ofrece varias recomendaciones a las autoridades mexicanas y las comisiones de derechos humanos, así como a los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea.
La organización pide asegurar que todas las presuntas violaciones de derechos humanos sean juzgadas por la justicia penal ordinaria, así como prevenir abusos contra detenidos y evitar que confesiones arrancadas bajo tortura se usen como prueba determinante en sus juicios.
Una demanda central es que se garantice imparcialidad en las pesquisas sobre estos abusos, y se diseñe un protocolo parainvestigar a las víctimas en enfrentamientos con miembros de las fuerzas de seguridad.
A la Unión Europea le solicita crear «parámetros de referencia» sobre derechos humanos en la llamada asociación estratégica que mantiene con México, mientras que a la Casa Blanca pide garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Iniciativa Mérida sobre protección de garantías ciudadanas.
