La denominación, basada en una ley antiterrorista de 2001, identifica como «amenaza» para el sistema financiero global a todo el sector bancario iraní, incluido el Banco Central, las entidades privadas y sus subsidiarias que operan fuera del país, según indicó el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, en una rueda de prensa.
El Gobierno de EE.UU. aumentó este martes la presión contra el sistema bancario de Irán al declarar el país «jurisdicción de preocupación prioritaria por lavado de dinero», y anunció nuevas sanciones contra los sectores nuclear y petroquímico.
La denominación, basada en una ley antiterrorista de 2001, identifica como «amenaza» para el sistema financiero global a todo el sector bancario iraní, incluido el Banco Central, las entidades privadas y sus subsidiarias que operan fuera del país, según indicó el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, en una rueda de prensa.
«Toda entidad financiera de cualquier parte del mundo que inicie una transacción que implique al Banco Central o a cualquier otro banco iraní que opere dentro o fuera de Irán se arriesga a estar apoyando las actividades ilícitas de Irán», aseguró.
La medida concede al Tesoro la autoridad de emitir sanciones concretas contra el Banco Central iraní, un paso tan esperado por muchos congresistas estadounidenses como temido en los mercados, por el efecto que podría provocar en los precios del petróleo.
Además, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó una orden ejecutiva que autoriza nuevas sanciones, una acción coordinada con Canadá y el Reino Unido, que ampliaron también la presión contra el sistema bancario de Teherán.
«Irán ha elegido el camino del aislamiento internacional», dijo Obama en un comunicado, en el que advirtió de que, mientras continúe en esa senda, Washington «seguirá encontrando formas de aislar y aumentar la presión sobre el régimen iraní».
La orden ejecutiva impone sanciones contra cualquier persona que proporcione bienes, servicios, tecnología o apoyo a la industria petroquímica de Irán, que Estados Unidos considera una «tapadera» para importar materiales que se emplean en actividades ya sancionadas por Washington, Bruselas o la ONU.
Esas medidas también se aplicarán al sector del petróleo y gas, que Estados Unidos asfixiaba hasta ahora a través de sanciones a las inversiones para su producción, y que penalizará ahora además a quienes aporten bienes, servicios o tecnología a esa industria.
Por último, Washington ha impuesto sanciones contra 11 individuos y entidades por su papel «al asistir los programas nucleares prohibidos de Irán, incluido su enriquecimiento de uranio y sus programas de agua pesada», según explicó la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en la conferencia de prensa.
En concreto, el Departamento de Estado y el del Tesoro sancionaron respectivamente a cuatro y siete entidades, lo que congela sus activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a cualquier ciudadano de ese país mantener transacciones con ellos.
La tesis estadounidense de que Irán mantiene un programa nuclear con objetivos militares encubiertos, rechazada por Teherán, encontró respaldo en el informe presentado a principios de este mes por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que indicaba que Irán ha trabajado para desarrollar armas nucleares.
«El informe de la OIEA no es Estados Unidos o la Unión Europea haciendo acusaciones, es el resultado de una investigación independiente», aseguró hoy Clinton.
Tras publicarse ese informe, al que siguió una resolución de condena de la Junta de gobernadores del organismo, Obama aseguró que consultaría con otros países sobre la posibilidad de tomar medidas adicionales contra el régimen de Mahmud Ahmadineyad.
En sendas reuniones bilaterales con los presidentes ruso y chino durante la cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) la semana pasada en Honolulu (EE.UU.), el mandatario trató, sin éxito aparente, de revertir la rotunda negativa de esos países a emitir sanciones contra Irán.
Las tensas relaciones entre Washington y Teherán, que cortaron sus lazos diplomáticos en 1979, se agravaron además en octubre, cuando Estados Unidos acusó a Irán de orquestar una trama para asesinar al embajador saudí en su capital y atentar contra las embajadas de Arabia Saudí e Israel.
Esos factores han repercutido finalmente en la decisión de Washington de declarar a Irán «jurisdicción de lavado de dinero», una denominación basada en una ley antiterrorista de 2001, y que hoy se aplica únicamente a 6 entidades bancarias de todo el mundo.
Además de Irán, sólo otro país, Birmania, ha merecido su imposición en todo su territorio.
