El Tribunal Federal Oral 2 de Buenos Aires condenó a Bignone, de 83 años, por la privación ilegítima de la libertad en perjuicio de al menos 15 personas que permanecieron detenidas ilegalmente en el bonaerense Hospital Posadas, que funcionó bajo jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura (1976-1983).
El último dictador de Argentina, el exgeneral Reynaldo Bignone, sumó hoy su tercera condena al ser sentenciado a 15 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en una cárcel clandestina que funcionó dentro de un hospital público durante el régimen militar.
El Tribunal Federal Oral 2 de Buenos Aires condenó a Bignone, de 83 años, por la privación ilegítima de la libertad en perjuicio de al menos 15 personas que permanecieron detenidas ilegalmente en el bonaerense Hospital Posadas, que funcionó bajo jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura (1976-1983).
Seis de las víctimas forman parte de la lista de 30.000 desaparecidos que dejó como resultado la represión desatada por la última dictadura de este país suramericano.
Los jueces sentenciaron también al exbrigadier del aire Hipólito Rafael Mariani a ocho años de prisión y al civil Luis Muiña a 13 años de cárcel, al cabo de un juicio iniciado el pasado 20 de octubre en la capital argentina y al que fueron citados 53 testigos.
Muiña fue condenado por los secuestros y torturas cometidos en perjuicio de cinco víctimas, mientras que Mariani, quien recibió ya una condena a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, fue sentenciado por la privación ilegal de la libertad durante más de un mes de Gladis Cuervo, querellante de la causa.
En el inicio del juicio llevado adelante por los magistrados Pablo Daniel Bertuzzi, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini también estaba entre los acusados el civil Argentino Ríos, quien fue separado del proceso por razones de salud.
Bignone, quien ya cuenta con dos sentencias a cadena perpetua, recibió en julio pasado el beneficio de prisión domiciliaria por su avanzada edad, la misma condición de la que goza Mariani, mientras que Muiña continuará detenido en la prisión bonaerense de Marcos Paz.
Tanto Ríos como Muiña integraban el autodenominado «comando de seguridad interna» del hospital, situado en la localidad de Haedo, a 20 kilómetros de la capital argentina, donde funcionó el centro clandestino de detención y tortura conocido como «El Chalet».
Allí fueron retenidos varios trabajadores del hospital, en su mayoría médicos del centro asistencial que permanecieron alojados allí en los primeros días del régimen inaugurado el 24 de marzo de 1976.
De hecho, el propio Bignone, en su condición de representante de la Junta Militar en el área del Ministerio de Bienestar Social, intervino el hospital el 28 de marzo de 1976, en un operativo que abrió paso a una etapa de «detenciones anómalas» basadas en informes del Ejército para «descubrir actividades subversivas», según la Fiscalía.
Durante los alegatos, los abogados de la querella pidieron 25 años de cárcel para cada uno de los acusados, mientras que la Fiscalía solicitó 25 años de prisión para Bignone, 20 para Muiña y 12 para Mariani.
Los tres acusados, para quienes las defensas pidieron la absolución, se negaron hoy a dar sus últimas palabras antes de la lectura del veredicto en la sala de audiencias del tribunal, a la que además acudieron familiares de víctimas y dirigentes de organismos humanitarios.
Bignone fue condenado en abril de 2010 y en ese mismo mes de este año a 25 años de prisión por delitos cometidos en uno de los dos mayores lugares clandestinos de detención durante la dictadura, la guarnición de Campo de Mayo, que albergaba cuatro centros de tortura y una maternidad.
El último dictador argentino (1982-1983), quien negoció la transición a la democracia después de firmar una ley de Amnistía luego anulada y ordenar la destrucción de toda la documentación sobre detenciones, torturas y asesinatos de desaparecidos, es juzgado además por el robo de bebés durante el régimen militar.
La del Hospital Posadas es una de las causas que se reabrieron en Argentina tras la derogación parlamentaria en 2003 de las «leyes del perdón», que libraron de responsabilidad a más de un millar de vinculados con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y cuya nulidad fue confirmada en 2005 por la Corte Suprema.
