Un país acostumbrado a enfrentarse a las FARC y a los grupos paramilitares, tiene ahora un nuevo desafío. ¿Pero es realmente nuevo? ¿Y qué tan grave es?
Puede que la prioridad de las autoridades colombianas en materia de seguridad sigan siendo las FARC, pero durante los primeros días de 2012 el principal sujeto de preocupación han sido las bacrim: las bandas criminales de origen paramilitar que controlan el tráfico de drogas.
Una de estas bandas, la de los Urabeños, decidió responder a la muerte de su máximo líder –Juan de Dios Úsuga, alias «Giovanni» – ordenando un «paro armado» que afectó seriamente el comercio y el transporte en al menos seis departamentos del noreste del país a finales de la semana pasada.
La amenaza prácticamente logró paralizar por al menos un día a importantes ciudades como Santa marta y Montería, y otras localidades de los departamentos de Magdalena, Córdoba, Chocó, Sucre, Bolívar y Antioquia.
Y este lunes se supo que los Urabeños también estaban ofreciendo recompensas por el asesinato de policías (US$500 por cada oficial muerto, más si pertenecen a la fuerza antinarcóticos), como en su momento hiciera el cartel de Medellín comandado por Pablo Escobar.
El gobierno reaccionó con fuerza, enviando nuevos efectivos a los municipios amenazados y redoblando la persecución policial y judicial en contra de los integrantes de la banda.
«Los Urabeños están notificados, aquí vamos detrás de ellos… Esto que hicieron de intimidar a la población va a tener una respuesta contundente y eficaz del Gobierno», advirtió desde Santa Marta el presidente Juan Manuel Santos.
Pero aunque las autoridades ya habían reconocido a las bacrim como «el nuevo enemigo» a inicios del año pasado, ahora muchos se preguntan si no han subestimado la fuerza de estas bandas criminales, así como la importancia de su origen paramilitar.
Por lo pronto, el gobierno colombiano ha intentado minimizar la significancia de los últimos eventos.
«Este tipo de organizaciones trata de mostrar un poder que no tiene… Son organizaciones bastante irregulares y su capacidad y fortaleza es limitada y no debe amedrentar a los ciudadanos», afirmó en su momento el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.
«El gobierno tiene una política (de combate a las bacrim) muy definida y la ha venido aplicando. Y las amenazas que han hecho no son más que el reflejo del éxito de esa política», dijo por su parte el ministro del interior, Germán Vargas Lleras, en declaraciones recogidas por un diario local.
Pero para el analista Jairo Libreros, el paro vino a confirmar que las principales bandas criminales son capaces de ejercer una importante influencia en las zonas en las que operan, en buena medida gracias a su origen paramilitar.
«Son personas que inicialmente se mueven en el mundo del control territorial, que han utilizado técnicas militares en el pasado y siguen manejando técnicas militares», le dijo a BBC Mundo.
«Estamos frente a delincuentes que, gracias a su manejo de técnicas militares, están en capacidad de controlar corredores estratégicos para la salida de la droga y el intercambio de armas, en zonas donde el estado colombiano nunca ha tenido una presencia fuerte», explicó.
Y, según Libreros, el paro también demuestra su capacidad «no para poner contra la pared al gobierno colombiano, pero sí para desestabilizar regiones muy importantes como respuesta a la persecución jurídica y policial».
Para analistas como Álvaro Villaraga, sin embargo, esto es posible sobre todo porque la herencia paramilitar de los Urabeños -y las otras bandas surgidas a raíz de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2006, entre las que se destacan los Paisas, los Rastrojos y el Ejército Revolucionario Popular (ERPAC)– no se agota en la formación militar.
«Existen relaciones y acuerdos que se han tejido entre sectores políticos, sectores gremiales, sectores del narcotráfico y estos grupos rearmados que de alguna manera prolongan el fenómeno paramilitar en ciertos contextos regionales», le dijo Villaraga a BBC Mundo.
«Son grupos que de alguna manera expresan rezagos del paramilitarismo. Tiene muchísimos menos elementos políticos (que las AUC), pero no se los puede calificar como un fenómeno exclusivamente de delincuencia», explicó.
Y según el analista, que durante cuatro años le estuvo dando seguimiento al tema para la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, aunque no se pueden desconocer los esfuerzos de la fuerza pública por combatir a estas bandas, tampoco se puede obviar que algunos sectores de las fuerzas armadas y la policía continúan cooperando con ellos, «por corrupción, o como un prolongación de las viejas costumbres de colaboración con los grupos paramilitares».
Esta compleja red de relaciones también puede ayudar a comprender cómo es que una banda que se estima tiene 1.200 efectivos logró paralizar, aunque sólo fuera por unas horas, una extensa región del país.
Y expertos y autoridades creen que los Urabeños también están intentando torpedear el proceso de restitución de tierras a las víctimas de la violencia paramilitar.
Para Villaraga, todo esto implica que el combate a las Bacrim no puede limitarse a la dimensión policial.
«Tiene que haber un trabajo muy a fondo de depuración de las instituciones, y hay que entender que el asunto tiene implicaciones en el contexto del conflicto armado, tiene implicaciones incluso militares en su tratamiento, y requiere de soluciones efectivas frente al tema del narcotráfico», dijo.
«Hay que revisar las políticas para confrontarlos, porque a pesar de centenares de capturas y de jefes de estos grupos muertos el fenómeno sigue profundizándose en varias regiones e incluso se ha extendido. Son menos grupos pero son más fuertes, tienen más coherencia», concluyó.
