El Pentágono tiene un fondo multimillonario para pagar contratistas en operativos y programas antinarcóticos en terceros países. El gobierno se desentiende así del trabajo «sucio» que acarrean los diferentes aspectos del combate contra las drogas para dejarlo en manos de compañías con ánimo de lucro que emplean mercenarios y cuyas tácticas están libres del escrutinio público y político, dicen sus críticos.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, está delegando su lucha contra el narcotráfico a través de contratos multimillonarios con empresas privadas que se encargan de prestar asesoría, capacitación y realizar operativos en países productores de drogas y con vínculos al llamado «narcoterrorismo», incluyendo América Latina.
El gobierno se desentiende así del trabajo «sucio» que acarrean los diferentes aspectos del combate contra las drogas para dejarlo en manos de compañías con ánimo de lucro que emplean mercenarios y cuyas tácticas están libres del escrutinio público y político, dicen sus críticos.
El Pentágono dice que es parte de su estrategia para garantizar la seguridad del país y que se realiza legalmente y siguiendo estrictos parámetros.
Según los analistas, sin embargo, ésta se ha convertido en la tendencia del futuro, a medida que la responsabilidad de la seguridad pública y nacional pasa de ser un deber del Estado a ser un negocio de la empresa privada.
No se trata de una actividad encubierta. La sección de prensa del Pentágono confirmó a la BBC que, en 1995, se estableció la Oficina de Programas de Tecnología Contra el Narcoterrorismo (CNTPO, por sus siglas en inglés) cuya última instancia es el subsecretario de Defensa para Antinarcóticos y Amenazas Globales.
Según el comunicado del Pentágono, la CNTPO provee «apoyo administrativo de programas en una amplia gama de actividades de antinarcóticos del Departamento de Defensa».
Este «apoyo administrativo» es básicamente la identificación y subcontratación de grandes compañías especializadas en seguridad y reclutamiento de personal élite armado que entran a operar en terceros países independientemente.
«Desde el 11-S y los conflictos en Irak y Afganistán se ha incrementado la necesidad de adquirir estos servicios», dijo a BBC Mundo el teniente coronel James Gregory, encargado de prensa.
Según el portavoz, son contratos múltiples, de tiempo y entrega indefinida, que se otorgan cada cinco años. La próxima ronda de comisiones será en agosto de 2012.
Hasta ahora, los mayores contratos han sido entregados a las empresas Lockheed Martin, Northrop Grumman, Reytheon, ARINC y U.S. Training Center (una subsidiaria de Blackwater), informó el alto oficial.
La práctica se arraigó hace una década durante el gobierno de George W. Bush, que utilizó numerosos contratistas -mercenarios, dirían algunos- en las guerras de Irak y Afganistán.
Barack Obama ha continuado con la misma política y, en este momento, por ejemplo, la seguridad del personal diplomático en Afganistán depende en gran parte de empresas privadas de seguridad.
Una de las razones por las cuales el Pentágono está intentando privatizar varios aspectos de sus actividades tiene que ver con el presupuesto nacional que no ha podido resolverse por disputas partidistas entre el congreso y el ejecutivo.
«Se habla constantemente de que el Pentágono está en la mira de los recortes presupuestarios», dijo Larry Birns, director del Consejo para Asuntos Hemisféricos (COHA), un centro de investigación de tendencia izquierdista en Washington.
«Para el congreso, los recortes en el área de la lucha antidrogas serán obligatorios si el presidente espera equilibrar su propuesta de impuestos y la adjudicación de fondos».
Según Birns, la guerra contra el narcotráfico es impopular y no tiene peso político salvo en un año electoral como éste, así que el Departamento de Defensa quiere borrar ese gasto de sus cuentas.
«De una manera subrepticia quieren reducir el presupuesto de la lucha antidrogas transfiriéndola a las agencias privadas», expresó el analista.
Los contratos para las empresas privadas son jugosos, la CNTPO cuenta con un presupuesto de US$15.000 millones, según lo confirmó el teniente coronel James Gregory.
No obstante, el Pentágono se ahorra tener que involucrar toda su burocracia y jerarquía militar en programas de entrenamiento, asesoría y operativos. Mientras, obvia el detalle de cada uno de los costos en contratos muy generalizados que no pasan por procesos de licitación.
«No son como el contrato para construir una casa de tales y tales dimensiones», dijo Bruce Bagley, jefe del departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami y experto en el tema del narcotráfico mundial.
«Los llaman contratos no específicos», explicó a la BBC. «Tienen el derecho de realizar tal tipo de operativos, entrar estos equipos al país y se les paga tanto. Y, de paso, como subcontratistas, ellos reclutan al personal y, si alguno de sus empleados muere, ellos son los responsables».
Al delegar la actividad en una compañía privada, el gobierno evita involucrar sus fuerzas armadas y su infraestructura. Más significativo aún, se mantiene al margen en caso de cualquier percance.
«El alto costo político», manifiesta Bagley, es el motivo principal para privatizar la guerra contra el narcotráfico.
«Aquí entramos en un área imprecisa, donde las normas de combate no son claras y hay casi cero responsabilidad para con el público o el electorado», afirmó el académico.
«Unos pocos miembros de los Comités de Supervisión del Senado y la Cámara están al tanto, pero ellos tienen la obligación de guardar secreto, así que todo esto vuela bajo el radar».
En América Latina, el trabajo de los contratistas se concentra en «países clave de producción y tránsito de drogas», dice la oficina de prensa del Pentágono.
El mayor de los «esfuerzos», como lo llama el Departamento de Defensa, sucede en Colombia, pero también informa que hay asistencia en otros países andinos, Centroamérica, el Caribe y México.
«El Plan Mérida destina US$1.000 millones a México para asistir en la lucha antinarcóticos», señaló Larry Birns de COHA, «aunque los mexicanos son muy estrictos en no dejar personal armado extranjero operar en su territorio».
El Pentágono no es muy específico con respecto a la extensión de la participación de los contratistas por razones, explica, de seguridad. Pero afirma que estos actúan en conjunto con las autoridades locales, «incluyendo en zonas de combate» aunque «no participan en redadas o arrestos».
Sin embargo, hay serias implicaciones con respecto a los países donde estarían las empresas privadas.
Aunque es posible que ciertas élites políticas en estos países estén al tanto de sus actividades e, inclusive, las hayan invitado, hay una potencial violación de la soberanía nacional que podría generar una reacción nacionalista si el público llegara a percatarse de la situación, comentó el profesor Bruce Bagley.
Además «estamos reconociendo, en efecto, que las instituciones en los cuerpos de seguridad en estos países son tan deficientes que los estamos reemplazando con mercenarios a sueldo», añadió.
Las autoridades militares aseguran que los contratistas están sujetos a las mismas leyes vigentes en EE.UU. y los países donde operan, pero Bruce Bagley insiste en que podría haber un coletazo si ocurrieran imprevistos que impliquen violaciones al derecho humanitario y se vincule a Estados Unidos con esta actividad. No obstante reconoció que «ésta es la ola del futuro».
«Estamos frente a unas unidades más pequeñas, más eficientes, más capacitadas que pueden hacer el trabajo sucio que a las fuerzas militares de Estados Unidos no se les permite ni se les exhorta a hacer», concluyó.
