La sentencia unánime del Tribunal Supremo contra el juez generó aplausos e indignación entre quienes dicen por un lado que los jueces también deben ser procesados y aquellos que lo ven como represalia por investigar los crímenes del franquismo. En el gobierno del Partido Popular alegaron que no realizarían una lectura política, sino “valorar el normal funcionamiento de nuestras instituciones, el cumplimiento del Estado de derecho y el más absoluto respeto por las decisiones que adoptan los magistrados”.
La sentencia por unanimidad del Tribunal Supremo que pone fin a la carrera judicial de Baltasar Garzón divide las opiniones entre quienes aplauden que la ley también se aplique a los jueces y quienes ven en ella un castigo al magistrado por investigar la corrupción política y los crímenes del franquismo.
Las declaraciones políticas no se hicieron esperar.
En el gobierno del Partido Popular alegaron que no realizarían una lectura política, sino “valorar el normal funcionamiento de nuestras instituciones, el cumplimiento del Estado de derecho y el más absoluto respeto por las decisiones que adoptan los magistrados”, en palabras del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de este mismo partido, consideraba la condena como “un triunfo del Estado de Derecho” argumentando que “el fin, por muy loable que sea, no justifica los medios”.
Desde la oposición, el Partido Socialista aseguró que “respeta y acata la sentencia de todo tribunal y si se trata del Tribunal Supremo español, si cabe, todavía más”.
Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Cayo Lara, calificaba este día como “triste para los demócratas” y ha calificado de “injusta” la decisión.
Y la Asociación Profesional de la Magistratura consideraba que, aunque los mecanismos de Justicia han funcionado “correctamente y con neutralidad”, se trata de una condena “dura”.
En una carta abierta, la hija del juez, María Garzón, espetaba “ustedes hoy brindarán con champán, pero nosotros lo haremos juntos, cada noche, porque sabemos que mi padre es inocente y que nuestra conciencia SÍ está tranquila”.
La Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, que desde hace dos años se concentra todos los jueves en la madrileña Puerta del Sol, se vio este jueves arropada por centenares de personas que quisieron apoyar al magistrado tras conocer la sentencia.
En otras ciudades españolas se vieron muestras similares. Entre gritos de “fuera fascistas del Tribunal Supremo” o “fosas cerradas, heridas abiertas”, miembros de la plataforma convocaron a concentrarse el próximo domingo frente a la sede del Tribunal Supremo y anunciaron sin concretar futuros actos de homenaje al juez.
Como desde hace un año y medio, la octogenaria Hilda Farfantes acudió de nuevo a la Puerta del Sol. Lleva colgada del cuello una página impresa con las fotos de sus padres. Tenía 5 años cuando desaparecieron y sus cuerpos “todavía siguen en las cunetas”.
Hoy se siente “horrorizada, avergonzada y disgustada”. “Garzón era nuestra última esperanza”, añade con los ojos húmedos. Ella cree que el verdadero motivo de su inhabilitación es haber abierto la investigación por el franquismo, y no el caso Gürtell.
Blanca, María y Beatriz, todas entre 26 y 27 años y que no quieren dar sus apellidos, destacan que no se manifiestan a favor de Garzón, sino en contra del desarrollo de los procesos judiciales en los que está implicado.
“No es solo el franquismo, también se trata de la corrupción política y de todo aquello sobre los que no se puede investigar en este país”, opina Blanca.
Su amiga María coincide en la politización de la Justicia española: “tiene temas tabú, se puede encausar a la izquierda y a los ciudadanos pero la derecha es intocable”, y aclara que no le gusta Garzón y que jamás pensó que le podría llegar a defender.
Algunas de las razones las completa Beatriz, como su excesivo empeño en aparecer en la prensa y en hacerse con las causas más mediáticas y polémicas, lo que “le ha hecho ganarse también muchos enemigos”.
Un poco más alejado del bullicio de la plaza, Enrique González, de 50 años, tenía otra opinión del proceso: “Mejor dejar las tumbas quietas, bastante tenemos con la que está cayendo ahora”.
“Garzón tiene lo que ha buscado, ahora que apechugue”, compartía Román Aguirre.
En Twitter, el debate también saltó apenas conocerse la sentencia. Los hashtag #Garzón y #Apoyoagarzón se situaban rápidamente y durante todo el día como los temas de discusión principales en España.
La típica discreción de los políticos se diluía en los 140 caracteres de la red social, en la que por ejemplo el líder del Partido Socialista Alfredo Pérez Rubalcaba escribía: “Respeto todas las sentencias, pero algunas me entristecen. Hoy me acuerdo de la lucha que hicimos juntos contra ETA”.
“La caza de #garzón perseguía su despido y descrédito: 1 Malo técnicamente: Gürtel. 2 Sesgado x ideológico: fosas. 3 Corrupto: Santander”, decía @arsenioescolar (Arsenio Escolar, director del periódico 20 minutos).
“Cuando el juez es el primer condenado en un caso de corrupción es que algo no funciona…”, apostillaba @kurioso (Pepo Jiménez).
Otros, aplaudían la sentencia, como @mariavsellan(María Vázquez): “He leído la sentencia: jurídicamente impecable y completamente motivada. Como debe de ser en un Estado de Derecho”.
O el de @jorgalve (Jorge G. Alvear): “La sentencia dice que GARZÓN en acto arbitrario (al ordenar la escucha) desmanteló la configuración del proceso penal como un proceso justo”.
Sin embargo, la red también mostraba otras aristas de la polémica trayectoria del juez. Por ejemplo, al permitir las torturas policiales a jóvenes independentistas catalanes y vascos en los años 90, querella ésta rechazada por el Tribunal Supremo.
“Que vergüenza que#Garzónsea condenado por perseguir la corrupción y no por amparar la tortura en los interrogatorios, ésta es su justicia”, manifestaba @miguelurban (Miguel Urban Crespo).
Y también el de @lu1spa (Luis Espartano), en el que alude al cierre de varias publicaciones de izquierda independentista vasca, a la que relacionaba con ETA y que diez años después, al considerarse que su actividad no era ilícita, no pudieron volver a abrir.
“Ahora que caigo: cuando los periodistas de Egin y Ardi Beltza nos quedamos sin trabajo, no protestó casi nadie en el Estado español.#Garzón”.
