“Sube” es el nombre de la bip! trasandina. Surgió en 2009 como una respuesta del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner al recurrente problema de la falta de monedas. Ahora, para incentivar su uso, sólo pagarán tarifas de transporte más bajas quienes utilicen esta tarjeta electrónica, que registra todos los movimientos del usuario.
Largas filas de personas esperando por horas bajo el intenso calor porteño. Esa es la postal que se repite en las principales estaciones de tren y en otros puntos centrales de Buenos Aires desde enero pasado.
La gente que aguarda pacientemente es usuaria de los servicios de transporte público y lo que pretende es obtener el codiciado SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico), una tarjeta inteligente que se puede recargar y sirve para viajar en subterráneo, otros trenes y autobus.
El SUBE surgió en 2009 como una respuesta del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner al recurrente problema de la falta de monedas (hasta hace poco el único dinero aceptado para poder viajar en bus).
Pero la falta del metal ya no es el principal motivo que lleva a los argentinos a hacer fila para obtener la tarjeta electrónica. La ansiedad de los transeúntes tiene que ver con el anuncio del gobierno de que a partir de marzo aumentará la tarifa del transporte para todos aquellos que no usen el SUBE.
Ahogadas por un creciente déficit, las autoridades comenzaron a finales de 2011 a recortar los cuantiosos subsidios que el Estado otorga para financiar la provisión de gas, electricidad y agua, y que permitieron que las tarifas estuvieran congeladas durante los últimos diez años.
Ahora, el gobierno pretende reducir los cerca de US$4.400 millones que destina al transporte público.
El plan del gobierno es aplicar lo que llaman una “sintonía fina” (para muchos un eufemismo que busca evitar el uso de la palabra “ajuste”). La idea es que el fisco determine quién realmente necesita ayuda estatal, para que sólo estas personas sigan recibiendo subsidios.
Y ahí es donde reside la importancia del SUBE: se trata de una tarjeta “personalizada” (para conseguirla se necesita aportar nombre, dirección y documento de identidad, entre otros datos) por lo que las autoridades pueden luego determinar qué pasajeros pagarán una tarifa plana y quienes seguirán pagando con descuentos.
Según el gobierno –y gran parte de la oposición- se trata de una manera más justa de redistribuir el ingreso, ya que de esta forma se puede ayudar puntualmente a quienes más lo necesitan.
Pero hay un creciente número de voces que expresa preocupación por el hecho de que el Estado tenga acceso a lo que consideran información privada. Es que a través de la SUBE es posible conocer con todo detalle el paradero y las idas y venidas de cada pasajero.
En la misma página del SUBE cualquiera puede tener acceso, con sólo ingresar el número de la tarjeta, al recorrido que hizo el dueño de ese plástico en los últimos días.
Para organismos como la Fundación Vía Libre –que promueve el software libre- eso viola el derecho a la intimidad y además supone un riesgo para el titular del SUBE.
“Esa información se puede usar para cometer un delito, como por ejemplo para robar en casa de alguien cuando no está o para planear un secuestro”, afirmó a BBC Mundo Federico Heinz, presidente de la fundación.
Heinz también advirtió que esos datos podrían ser abusados por el Estado, ya que un gobierno de tendencia autoritaria podría usar la información para perseguir a disidentes.
En ese sentido, no son pocos en Argentina los que recuerdan las violaciones que cometió el último gobierno militar hace tan sólo 35 años.
Para denunciar lo fácil que es obtener información privada de la página web del SUBE, un grupo de hackers identificados con la red Anonymous difundió recientemente en un sitio público una serie de datos personales obtenidos del sitio oficial.
Por su parte, el Partido Liberal Libertario (PL) -una nueva organización política argentina- difundió un video que sugiere métodos para evitar que el gobierno “controle” los movimientos de las personas.
La principal estrategia que propone es intercambiar las tarjetas SUBE con amigos o familiares, para que de esta forma no se pueda identificar al pasajero.
Gonzalo Blousson, presidente del PL, dijo a BBC Mundo que si bien en otros países (incluyendo el Reino Unido) existen tarjetas electrónicas para el transporte público, es inusual que para adquirir las mismas se requiera presentar un documento y dar datos personales.
“El gobierno dice que lo hace para favorecer a los más pobres pero en realidad ellos son los más afectados, ya que una persona con mayores recursos puede optar por pagar una tarifa más alta para así evitar usar el SUBE y no dar a conocer datos personales”, afirmó.
Algunos expertos legales afirman que el sistema implementado por el gobierno viola la Ley de Protección de Datos Personales, que, entre otras cosas, prohíbe “registrar datos personales en archivos, registros o bancos que no reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad”.
No obstante, los críticos del SUBE se muestran escépticos sobre la posibilidad de que la ciudadanía se alce con demandas legales contra el uso de la tarjeta.
“Es más posible que haya boicots y denuncias en las redes sociales”, opinó Heinz.
Por su parte, el gobierno desmereció las preocupaciones por este tema.
“Los que son muy paranoicos no tengan miedo de adherirse al SUBE. Nosotros no somos la Gestapo”, señaló el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi.
El funcionario informó que más de 7 millones de argentinos ya tienen la tarjeta.
Originalmente el gobierno había dado plazo hasta este 10 de febrero antes de dar de baja los subsidios para quienes no utilicen la tarjeta, pero ante la enorme demanda de la ciudadanía se extendió el plazo hasta el próximo 2 de marzo.
En una primera instancia se prevé que todos los usuarios del SUBE sigan pagando las tarifas actuales del transporte pero en una segunda fase se aumentaría los costos para quienes –según el Estado- no requieren de subsidios.
