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Piden sobreseimiento del caso contra soldado acusado de filtrar documentos a WikiLeaks

Su abogado solicitó que se entregue toda la información, incluida la clasificada según las normas de la Justicia militar.


La defensa del soldado Bradley Manning, acusado de filtrar miles de documentos a WikiLeaks, solicitó que se recuse el caso ante la negativa de los acusadores de entregar ciertas pruebas catalogadas como clasificadas.

En una audiencia en la que las Fuerzas Armadas de EE.UU. acusaron formalmente a Manning de ayudar a la red terrorista Al Qaeda mediante la filtración a WikiLeaks, el abogado del soldado solicitó que se entregue toda la información, incluida la clasificada según las normas de la Justicia militar.

El Gobierno considera que ese tipo de información entra en otra categoría.

David Coombs, el abogado civil del soldado, ha recibido los documentos excepto «una pequeña parte», que, según dijo el capitán Ashden Fein, requieren ser protegidos por motivos de seguridad.

En respuesta, Coombs solicitó que desestimen todos los cargos imputados a su cliente y el sobreseimiento de la causa y la acción, es decir, que en el caso de que fuera aceptada su petición Manning no pudiera volver a ser juzgado.

La jueza que lleva el caso, la coronel Denise Lind, admitió estudiar la petición de la defensa, aunque, según indicó a la prensa un miembro del servicio jurídico militar que habló en condición de anonimato, tiene un plazo de unas dos semanas para dar una respuesta.

El soldado, de 24 años, está acusado de 22 cargos, entre ellos «ayuda al enemigo», robo de bienes públicos y documentos, difusión de información relativa a la defensa y violación del reglamento del programa de seguridad de información de las Fuerzas Armadas.

Manning trabajó como analista de información en Irak desde octubre de 2009 hasta su detención en mayo de 2010, cuando un informante del Pentágono, el pirata informático Adrian Lamo, supuestamente lo delató.

Si es declarado culpable podría ser condenado a cadena perpetua, mientras que su defensa ha solicitado una pena máxima de 30 años.

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