«Para enfrentar el futuro, para evitar que esto se vuelva a repetir, hay que investigar, hay que hacer justicia, hay que combatir la impunidad. Ésto no puede quedar simplemente en estadísticas, en informes o en conceptos genéricos abstractos», dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
Human Rights Watch (HRW) pidió hoy al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, «hacer justicia» a los miles de desaparecidos que ha habido en el país desde fines de 2006, ya sean víctimas de la fuerza pública o del crimen organizado.
«Para enfrentar el futuro, para evitar que esto se vuelva a repetir, hay que investigar, hay que hacer justicia, hay que combatir la impunidad. Ésto no puede quedar simplemente en estadísticas, en informes o en conceptos genéricos abstractos», dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
La organización defensora de los derechos humanos presentó un informe en el que cifra en miles las desapariciones, pero documenta únicamente 249 casos, de los cuales en 149 halló «evidencias contundentes» de la «participación directa de las fuerzas de seguridad militares, de la Marina, y de las tres policías: municipales, estatales y federales».
El propio Gobierno mexicano confirmó hoy la existencia de una lista con los nombres de más de 27.523 personas no localizadas desde fines de 2006 y hasta noviembre de 2012, cuando finalizó la Administración de Felipe Calderón.
La subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del ministerio de Gobernación, Lía Limón, declaró que la cifra proviene de un informe del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (Cenapi), el área de inteligencia de la Fiscalía federal, y que se tratará de «fortalecer los datos recabados allí».
Limón anunció que la base de datos, que empezó a elaborarse en la Administración de Calderón (2006-2012), se dará a conocer la próxima semana.
«Este es el resultado de una ‘guerra’ sin controles», señaló, por otro lado, Vivanco al aludir al combate a los carteles de las drogas lanzado a finales de 2006 por Calderón y en el que los militares jugaron un papel fundamental.
Aclaró que las desapariciones, forzadas o no, forman parte «de lo que se llamó ‘la guerra contra el narcotráfico'» de Calderón, pero insistió en que Peña Nieto, que asumió el poder el 1 de diciembre pasado, «tiene la obligación y la responsabilidad de abordar este problema y de corregir los abusos y afrontarlos».
Hacer justicia en estos casos implica que haya «identificación, castigo» y un «procesamiento ejemplar de soldados, de oficiales, tanto del Ejército como de la Marina, con total transparencia, de cara al país», abundó.
El informe considera que lo sucedido en México desde diciembre de 2006 constituye «la crisis más profunda en materia de desapariciones forzadas en América Latina en las últimas décadas».
Los casos presentados por HRW son «extremos» y «no aspiran a constituir los únicos» de desaparición forzada. «Son los que nosotros hemos podido documentar sobre la base de nuestras investigaciones. Nos responsabilizamos por estos casos», añadió.
En relación con las desapariciones forzadas, en al menos 60 casos los datos apuntan a la connivencia entre organizaciones criminales y policías corruptos para perpetrar las desapariciones, indicó el activista.
Durante su visita a México el representante de HRW se entrevistó con el secretario de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio Chong, y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, pero no lo hizo con Peña Nieto.
Sin embargo, consideró «muy positivo» el discurso que le ha escuchado diciendo que el tema de los derechos humanos es algo importante para su Gobierno.
Para Vivanco, la presente Administración «está bien enfocada pensando en el futuro de México».
No obstante, para mirar adelante hay «también que pensar en el pasado de México y el pasado lo representan estas cifras, estos fenómenos, las desapariciones forzadas», aseveró.
Vivanco celebró las medidas aprobadas por el Gobierno para prevenir nuevos abusos, la promulgación de la Ley de Víctimas y las medidas de «apoyo y asistencia» a las mismas, pero insistió en que todavía hace falta más, enjuiciar a los responsables.
Dicha labor, aseguró, va a ser difícil por las «cifras abrumadoras» que hay y por obstáculos como el Código Penal Militar, que impide que militares involucrados en violaciones de los derechos humanos sean juzgados en tribunales civiles.
«Creo que es cuestión de decidir si es una prioridad o no (…) hacer justicia frente a los desaparecidos, frente a aquellos que hayan tenido responsabilidad también en ejecuciones o en torturas», manifestó.
